El fiscal Luis Piñánez es quien lleva adelante la investigación contra el suspendido juez Crescencio Ocampos, quien había otorgado un recurso de habeas corpus al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão con el objetivo de frenar su extradición al Brasil. El agente del Ministerio Público imputó al magistrado de la ciudad de Santaní por la presunta comisión de hecho punible de prevaricato.
Afirmó que “actualmente estamos pendientes de la decisión del órgano judicial de que cite a esta representación fiscal para la audiencia de imposición de medidas, a modo de iniciar el proceso y la imputación fiscal”.
Señaló que la imputación recorrió siete juzgados, cuyos magistrados se inhibieron de entender en la causa por diversas razones (en su mayoría adujeron amistad), hasta que el caso fue tomado por la jueza penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Anselma Inés Galarza, quien como primera medida pidió a la Corte Suprema de Justicia un informe detallado sobre la situación del suspendido juez y envió un pedido de desafuero al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para Ocampos, así mismo como se solicitó en la investigación del fiscal Piñánez.
Recién después de eso aceptará la imputación y procesaría al suspendido juez, de quien se desconoce su paradero.
En este sentido, recordó que Ocampos fue imputado por prevaricato debido a que había emitido una resolución de habeas corpus a favor de Pavão como para que no sea extraditado a su país, donde desde el pasado 27 de diciembre está cumpliendo una condena de 17 años de cárcel por narcotráfico y otros crímenes. “Ante el conocimiento de esto, el Ministerio Público decidió abrir una investigación penal. Una vez que yo tuve acceso a esa resolución judicial, encontré varias cuestiones llamativas que determinarían que este magistrado obró contra el Derecho a los efectos de beneficiar a esta persona”, expuso.
Luis Piñánez, fiscal del caso Ocampos. / Foto: La Nación PY.
El fiscal indicó que aún no se ha podido procesar a Ocampos debido a la Feria Judicial, por la cual la Corte Suprema de Justicia no se pudo reunir.
En ese orden, indicó que Ocampos no podía emitir la resolución de habeas corpus, para empezar, porque es un juez en lo civil, comercial y laboral, por lo cual no tiene competencia con el caso de un narcotraficante. Además, aseveró que el pedido de habeas corpus se otorga cuando existe un peligro de muerte contra el acusado, este debe producirse dentro del territorio nacional. Exponiendo esto, explicó que “en la solicitud de la defensa de Pavão hablaban de un riesgo inminente pero fuera del territorio nacional, por lo cual el Estado paraguayo estaría privando ilegítimamente de libertad a una persona”.
Así mismo, Piñánez señaló que el juez violó el principio de lateralidad “porque él directamente recibió el pedido de la parte afectada y tomó la decisión”.
Crescencio Ocampos se expone a una pena privativa de libertad de 2 a 5 años, aunque podría extenderse a 10 si el caso es calificado de grave, informó el representante del Ministerio Público.