El fiscal Francisco Torres aseveró que no descarta utilizar la fuerza pública para desalojar a los estudiantes que tomaron la sede de la Universidad Católica. Anunció que se intentará ingresar a la casa de estudios para verificar si es que no hay personas privadas de su libertad dentro de la institución, informó el periodista de La Unión R800 AM Carlos Flecha.
La alumna Aracely Bogado manifestó que están dispuestos a levantar la medida de fuerza, pero que el mismo Consejo de Gobierno de la universidad se rehusó a acceder al acuerdo. Repudió la presencia de guardias privados dentro del recinto de la sede, porque “ni siquiera contaban con orden judicial para entrar”. Así mismo, criticó la determinación de la directiva de la institución de recurrir al Ministerio Público en el conflicto, ya que “eso es pasar por encima de la autoridad universitaria”.
La estudiante dijo que al abogado César Rufinelli, encargado de despacho interino del Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, se lo invitó a salir de su oficina para hablar con los alumnos, pero “se quedó adentro para hacer creer a la gente de que él está encerrado. Con esto, quieren instalar el falso discurso de que nosotros estamos reteniendo gente, pero eso no es cierto”.
Por su parte, Guillermo Ferreiro, asesor jurídico de tres estudiantes que están llevando a cabo la medida de fuerza, acusó al fiscal Francisco Torres de actuar totalmente al margen de la ley e ilegalmente. En este sentido, señaló que el agente del Ministerio Público “está tratando de fabricar hechos punibles que no ocurren. Vinieron, hicieron un pequeño acto y se fueron. Después dejaron que la gente se agreda, en algún momento pudo salido lastimado alguien”. “La fiscalía no puede avalar un atropello de esta categoría, fue un acto de justicia por mano propia”, repudió, añadiendo que el Ministerio Público lo hace por “protección política o por dinero”. En ese orden, afirmó que tanto Miguel Ortiz, secretario privado del rector de la UCA, y César Ruffinelli deben ser procesados.
Por su parte, el fiscal Torres justificó la intervención en la sede de la UCA debido a “las imágenes en vivo que se estaban transmitiendo por televisión para verificar in situ”.
Indicó que la llegada del Ministerio Público hasta la institución se debió a que las autoridades de esta casa de estudios decidieron ingresar al predio. Una vez adentro, solicitaron la presencia de agentes fiscales. Estos labraron acta de lo que estaba sucediendo en el lugar. “Luego se retiraron de la sede, pero, al ver todo lo que estaba aconteciendo a través de los medios de comunicación, retornaron para constatar nuevamente el sitio”, explicó.
Torres recalcó que él en ningún momento autorizó el ingreso de autoridades al recinto institucional, sino que la misma directiva fue la que entró por su cuenta. “Lo hicieron de motu proprio y de manera autónoma creyéndose con derechos para hacerlo”, reiteró, agregando que “el Ministerio Público llegó al lugar luego de que ellos hayan entrado a la sede”.
Señaló que no se referirá a cuál es la vía correcta, según las autoridades, para proceder al ingreso. “Yo solamente fui llamado para verificar si existe o no comisión de algún hecho punible”, manifestó.