Periodistas amenazados. Diarios que dejan de circular por falta de papel. Radios y televisoras que desaparecen por órdenes del Ejecutivo. Leyes que pretenden anular las redes sociales. Ahora que se aseguró todo el poder con la recién instalada Asamblea Constituyente, el presidente Nicolás Maduro ha enfilado sus baterías contra los vestigios de libertad que aún sobreviven en los medios de comunicación independientes.
El régimen chavista ha sacado del aire cinco televisoras internacionales y ha censurado unas 50 emisoras de radio y TV en estos ocho meses, mientras anuncia que aumentará las restricciones en las redes sociales. En menos de 48 horas, entre el miércoles 23 y el viernes 25 de agosto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro eliminó de las operadoras de cable a las colombianas RCN y Caracol, y borró del dial las señales de 92.9 FM y 99.1 FM, que incluían en su programación espacios de opinión críticos con el oficialismo.
El mandatario venezolano expulsó de las televisoras de cable entre febrero y abril de este año a CNN en Español, El Tiempo de Colombia y Todo Noticias (TN) de Argentina. Aquellas medidas formaron parte del aumento de la represión desplegada por el régimen de Maduro, que hasta finales de julio enfrentó una ola de protestas que arrojó un saldo de más de 130 asesinados, al menos 4 mil heridos y unos 5 mil detenidos.
El régimen chavista ha sacado del aire cinco televisoras internacionales y ha censurado unas 50 emisoras de radio y TV en estos ocho meses. / Foto: AFP.
La embestida contra Caracol y RCN coincide con la instalación de la Asamblea Constituyente, foro conformado por 545 militantes del chavismo que confiere poderes absolutos a Maduro para “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, según la Carta Magna vigente.
En las últimas semanas ha arreciado el hostigamiento contra los periodistas que revelan escándalos de corrupción. Acompañado por militares, el juez Aris José La Rosa se presentó en la residencia de Teodoro Petkoff, director del semanario Tal Cual, que publicó un reportaje sobre las empresas de los primos del exministro de Infraestructura y constituyentista Diosdado Cabello que –según la destituida fiscal general Luisa Ortega Díaz – habrían recibido 100 millones de dólares por pagos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
A pesar de tener 85 años de edad y estar enfermo, Petkoff debe acudir mensualmente a los tribunales y no puede abandonar el país desde 2014 por una demanda que introdujo el propio Cabello, vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El portal de investigación Armando.info fue objeto de amenazas anónimas tras revelar los supuestos vínculos entre Maduro y la empresa Group Grand Limited, señalada por Ortega Díaz, de participar de manera irregular en el plan gubernamental de distribución de cajas de alimentos para mitigar la escasez de productos básicos. En solidaridad con Armando.info, distintos medios electrónicos difundieron este reportaje.
En todas partes
Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente – electa de forma inconstitucional y con denuncias de fraude- adelantó que impondrán límites al uso de las redes sociales con la excusa de evitar la difusión de “mensajes de odio”. “Venezuela en los últimos años ha sido víctima de laboratorios de guerra psicológica que, a través de los mensajes en las redes sociales, han procurado la confrontación fratricida entre los venezolanos”, aseveró la excanciller de la República.
El jefe de Estado venezolano solicitó a la Constituyente la aprobación de una “Ley Constitucional contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica”. El borrador del texto que se filtró a la prensa establece que la difusión de supuestos “mensajes de odio” acarreará la “revocatoria de la concesión” para transmisiones de radios y televisoras, así como el “bloqueo de los portales” digitales. Para el régimen chavista, todos los cuestionamientos por su desempeño tienen origen en el “odio” de una oposición a la que tacha de “terrorista”.
Una vez activó la Constituyente, Maduro se declaró en “combate comunicacional” y acusó a Venevisión y Televen, los únicos canales privados con cobertura nacional, de hacer “apología del delito”. “No dependemos de Venevisión ni de Televen para la conciencia que tenemos”, atizó el dignatario, que ha continuado con la política de “hegemonía comunicacional” que inició el difunto comandante Hugo Chávez, caracterizada por aplicar multas y sanciones que propagan la censura y autocensura en los principales medios.
Además de apelar a las instancias ordinarias para hostigar los medios, Maduro asesta golpes bajos para quebrar la resistencia de sus dueños. Hace tres semanas, la oficina tributaria y el Instituto Nacional de Tierras realizaron inspecciones y clausuraron negocios privados de la familia Camero, propietaria de Televen.
De mal a peor
Durante sus 13 años en el palacio de Miraflores, el difunto comandante Hugo Chávez convirtió a los medios en blanco de sus ataques, calificándolos como golpistas y mentirosos, y levantó un andamiaje legal para cercenar las libertades de expresión e información. Los insultos del líder de la revolución abrieron paso a medidas concretas que propagaron la censura y autocensura: en 2007 le arrebató la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal más importante del país fundado en 1953, y en 2009 liquidó a 32 emisoras de radio, por citar dos hechos emblemáticos.
La directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela), Marianela Balbi, explica que, para acosar a los medios, el chavismo ha creado un dispositivo “tan sofisticado como perverso”, que combina mecanismos burocráticos que dejan en el limbo la renovación de concesiones, y un paquete normativo que tiene como fin imponer el silencio, la opacidad y la desinformación.
“En el país se intensifica la desinformación como estrategia política y el gobierno reduce las ventanas informativas que tienen los ciudadanos para conocer la realidad y las denuncias sobre los hechos políticos, sociales y económicos que afectan al país”, advierte IPYS de Caracas. / Foto: AFP.
Maduro, quien suele presentarse como el fiel heredero del “legado” de Chávez, ha seguido a pie juntillas la estrategia trazada por su antecesor. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, sostiene que en este periodo que inició en abril de 2013 se incrementaron las violaciones a las libertades de expresión e información en Venezuela.
“Creíamos que Chávez, con su carácter autoritario, era el principal desconocedor de la prensa libre; sin embargo, Maduro es una figura aún más peligrosa”, alerta Ruiz, quien observa que el mandatario “trata de aniquilar con más vehemencia y fuerza” los espacios que mantienen una línea editorial crítica.
Ruiz y Balbi identifican los principales rasgos de la persecución contra periodistas y medios en la era madurista: agresiones verbales y físicas, asfixia económica, multas, detenciones, inspecciones permanentes de la oficina tributaria y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), compra de medios por parte de capitales vinculados con el oficialismo, ampliación de las “zonas de seguridad” donde no pueden ingresar los reporteros y juicios en tribunales militares.
Los episodios de violencia y la impunidad ya se han hecho habituales. El diario Versión Final de Maracaibo, capital del fronterizo estado Zulia, sufrió el martes 29 de agosto un atentado con granada que calcinó cuatro vehículos y produjo cuantiosos daños materiales. Las autoridades todavía no han esclarecido este hecho.
Balbi subraya que para entorpecer la labor informativa, el gobierno ha dejado de divulgar estadísticas que deben ser del conocimiento público, como la inflación y el boletín epidemiológico, y también se ha ensañado contra los medios y los corresponsales extranjeros, expulsándolos o negándoles los permisos para trabajar en Venezuela. “Intentan cerrar las únicas ventanas que quedan para que los venezolanos y el mundo sepan lo que está pasando”, indica la directora ejecutiva de IPYS.
Ruiz acota que el gremio periodístico sufre los embates de un régimen que “dejó de ser democrático”. “Por su falta de liderazgo, Maduro es más vulnerable ante la crítica, por esa razón arremete contra cualquier espacio independiente”, expone el dirigente sindical.
Sin aire
La emisora 92.9, una de las pioneras de la FM en Caracas, se distinguía por su irreverencia y humor negro. Dirigida a los más jóvenes, colaba en su programación cargada de rock, pop, electrónica y música anglo, denuncias sobre la crisis política y económica del país. Su lema era “100% libre”. Ahora su espacio es ocupado por “Corazón Llanero”, un proyecto impulsado por un antiguo edecán de Chávez y actual miembro de la Constituyente, capitán Juan Escalona, para impulsar el folklore nacional. “El latir musical de la patria”, es el eslogan que acompaña a la flamante emisora del oficialismo.
Con este zarpazo, la revolución sacude nuevamente a un viejo enemigo: 92.9 integra el grupo mediático 1BC que encabezó Radio Caracas Televisión (RCVT), cuya concesión fue anulada en 2007 por Chávez, bajo el argumento de que apoyaba el “golpismo”.
“Nada de lo que ocurre se ajusta a un Estado de Derecho. No ha habido ningún procedimiento administrativo, ningún aviso que nos hiciera pensar que nuestro comportamiento estaba fuera de la ley”, comenta Jaime Nestares, directivo de 1BC.
La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión reclamó la “violación al debido proceso y al derecho a la defensa”, y reprochó al Ejecutivo por no atender las “gestiones para las renovaciones de las emisoras”, situación que genera “inseguridad jurídica para los radiodifusores y los miles de trabajadores y familias que dependen del sector”.
Nestares resalta que el régimen chavista utiliza las habilitaciones y concesiones del espectro radioeléctrico para castigar a sus enemigos y beneficiar a sus socios. La sanción contra 92.9 la interpretan como un llamado de atención contra Radio Caracas Radio (RCR), la otra emisora del grupo 1BC donde tiene un programa semanal el líder opositor y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski. “No es un capricho, es censura. En este país lo más peligroso de la libertad de expresión es ejercerla, y nosotros decidimos rebelarnos ante la censura”, enfatiza.
“En el país se intensifica la desinformación como estrategia política y el gobierno reduce las ventanas informativas que tienen los ciudadanos para conocer la realidad y las denuncias sobre los hechos políticos, sociales y económicos que afectan al país”, advierte IPYS de Caracas, destacando que al mismo ritmo que aumentan los males de Venezuela, disminuyen los espacios para reflejarlos libremente.
Con información de Univision.