Los hechos de corrupción en el ejercicio de la función pública pusieron bajo la lupa el funcionamiento del sistema que sostiene todo un andamiaje dentro del Estado, lo que llevó a incontables denuncias periodísticas, mediante investigaciones que luego fueron expuestas sobre actos deshonestos por parte de funcionarios públicos o de elección popular.
Indefectiblemente, estos hechos movieron el tablero político en el país y eso llevó a tener una mayor consciencia sobre la esencia del valor del trabajo dentro de la Función Pública, a la hora de dar un servicio eficaz, pulcro y dinámico a la ciudadanía en general.
Cabe resaltar que Paraguay se encuentra en la posición 123 de 168 en el Indice de Percepción de la Corrupción 2016 (CPI, por sus siglas en inglés) de la organización Transparencia Internacional.
El trabajo se basó en cinco encuestas que miden el índice de la percepción de la corrupción; el índice de transformaciones; de riesgos de opinión ejecutiva; es decir, una serie de cuestiones que se van evaluando y se van escalando para llegar a estos resultados.
De estos hechos nace la necesidad de crear e implementar una sanción penal para actos de corrupción, pues ante el sujeto que cometió un acto indecoroso en contra del Estado, lleva a la exigencia por parte de los mandantes, de generar castigos ejemplares que vayan más allá de las ínfimas multas, los escraches personales o a través de las redes sociales.
En ese sentido, el diputado Ariel Oviedo, presentó semanas atrás un proyecto de Ley “Que establece la inhabilitación perpetua por actos de corrupción a los funcionarios públicos o de elección popular”.
Esta iniciativa tiene por objeto establecer la inhabilitación perpetua o especial como pena complementaria por los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos del Estado o de aquellos que fueron electos en elecciones populares.
“La Ley pretende complementar a la Ley que penaliza el tráfico de influencias”, señaló el diputado Oviedo.
Fuente: Agenda Paraguay