Bernardo Rojas, de la Central Única de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), aseguró que como gremio están totalmente en contra de la determinación del Instituto de Previsión Social (IPS) que obliga a las empresas empleadoras a costear exámenes médicos de sus trabajadores cada seis meses. La medida afectará a los nuevos asegurados y regirá desde el 1 de junio próximo.
Manifestó que la decisión atenta contra lo que establece la carta orgánica y la seguridad social del IPS, aseverando que se trata de un atropello a los derechos de los trabajadores.
Señaló que la Previsional no puede prohibir a los trabajadores de ejercer sus labores pidiéndoles estudios médicos “y exigirle al patrón mande hacer esos estudios para contratar personas”, ya que, asegura, le priva el derecho libre de contratar personal.
Rojas acusó que esta determinación deriva de las intenciones de privatizar el IPS.
Así mismo, señaló que la medida es discriminatoria, ya que determina realizar evaluaciones “para saber qué enfermedad tiene uno”.
Explicó que, una vez que se han hecho los estudios médicos, si a una persona se le detecta alguna enfermedad, prácticamente sería descartada para ejercer un empleo.
Anunció que en los próximos días se reunirá con representantes de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) y de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), sobre quienes dijo que está operando para que la determinación sea corregida.