Un tsunami parecía haber alcanzado el mercado financiero brasileño en la mañana del pasado jueves. Mientras el país seguía atento a la difusión de las confesiones del dueño del imperio cárnico JBS, Joesley Batista, acusando al presidente, Michel Temer, de corrupción, la Bolsa de Valores de São Paulo tuvo que accionar el circuit breaker, una parada de emergencia en las cotizaciones tras una caída brusca, de más del 10%, apenas 20 minutos después de su apertura. Esa suspensión solo se ha producido en 11 ocasiones en la historia del mercado bursátil de la capital financiera de Brasil. El dólar también se disparó y llegó a cotizarse a casi 3,40 reales, el mayor pico en un día desde 1999. Las informaciones filtradas la noche anterior al periódico O Globo, con material que comprometía al presidente Temer, ya habían preparado a los operadores para un día de fuertes emociones.
Mientras el mercado se desplomaba a lo largo del jueves, otra operación atraía la atención de todos. Una empresa había comprado, el día anterior, una gran cantidad de dólares. A primera vista, nada inusual. Varias compañías, principalmente las exportadoras, compran y venden dólares todos los días. Pero el timing perfecto de la negociación puso al mercado en sobreaviso. Alguien había conseguido un barco salvavidas para escapar del tsunami creado por JBS. Y la sorpresa fue mayúscula cuando se descubrió que el comprador no era otro que la propia JBS.
Sin explicaciones de la compañía, una lluvia de especulaciones se apoderó de la prensa brasileña. Y cundió la sospecha de que el gigante de la carne iría a usar el montante captado — que puede haber llegado a 1.000 millones de reales, unos 300 millones de dólares, según algunas fuentes del mercado— para pagar sus deudas con la justicia: la multa de 225 millones de reales (69 millones de dólares), por el acuerdo de colaboración premiada suscrito con la fiscalía brasileña, que además tiene pendiente otra compensación económica al Estado que puede superar los 11.000 millones de reales (unos 3.500 millones de dólares).
La operación chocó por el hecho de que un empresario, Joesley Batista, presidente de JBS, que ha reconocido la comisión de graves delitos, se estuviese lucrando con el escándalo que él mismo promovió al revelar la relación promiscua entre lo público y lo privado en Brasil: compró barato divisas que se iban a encarecer al día siguiente. ¿Sería un delito que la empresa usase su propia información privilegiada para lucrarse con una operación de cambio? ¿Joesley Batista sabía el día y la hora que sus declaraciones judiciales, y sobre todo su explosiva conversación con Temer grabada por él en marzo, serían divulgadas? La única certeza es que pocas personas conocían la bomba nuclear que estaba a punto de estallar en Brasil. Y Batista, el delator que dejó a la República brasileña desnuda, era una de ellas. El asunto le ha servido al propio Temer para descalificar a sus acusadores. “Han cometido el crimen perfecto”, denunció el presidente en un mensaje a la nación este sábado. Temer dio por hecho que JBS compró 1.000 millones de dólares para “especular contra la moneda nacional” y acusó a la compañía de haber filtrado la noticia de que existía una grabación comprometedora contra él con el propósito de llevar adelante la operación económica.
El empresario era consciente del impacto que sus acciones tendrían en el mercado financiero, que hasta entonces iba viento en popa agarrado a las promesas de reformas y estabilidad mínima del Gobierno de Temer. Cualquier amenaza de que Brasil entraría en una nueva ola de inestabilidad política, como la caída de un presidente, por ejemplo, podría hacer que un gran número de inversores decidiera minimizar las pérdidas, vendiendo sus acciones, y también comprando dólares para huir de las oscilaciones del real. Y fue exactamente lo que sucedió.
Aunque chocante, el abogado criminalista Marco Aurelio Lourenço Filho asegura que “la operación de cambio no constituye un delito”. La ley brasileña establece como crimen utilizar informaciones privilegiadas para obtener ventajas en negociaciones con valores bursátiles. Pero las transacciones de cambio de monedas no figuran en esa categoría.
Las sospechas de irregularidades ya rondaban a la Comisión de Valores Bursátiles del país (CVM, en sus siglas en portugués). El organismo público responsable de vigilar el mercado de acciones venía desconfiando de la intensidad de movimientos de la empresa. En abril, el grupo que controla JBS vendió 329 millones de reales (unos 100 millones de dólares) en acciones de la compañía. La operación fue seguida por una compraventa de 200 millones de reales en acciones de tesorería de la propia JBS. Fueron detectadas también operaciones en el mercado del dólar futuro y en la emisión de acciones del grupo cárnico. Compañías del conglomerado de Batista estuvieron también muy activas en el mercado de derivados.
Ya la semana pasada la autoridad bursátil brasileña abrió cinco investigaciones para analizar sospechas de irregularidades en las operaciones de JBS. La CVM quería averiguar si estaban relacionadas con las noticias que circulaban por la prensa de una hipotética confesión judicial de los máximos responsables de la compañía. En ese caso, al tratarse de acciones, sí que habría un delito de manejo de información privilegiada.
La JBS niega cualquier relación entre sus operaciones y la confesión judicial de sus directivos. En un comunicado asegura que las transacciones realizadas en la fatídica semana en la que se conocieron las declaraciones judiciales tenían como objetivo, exclusivamente, minimizar los riesgos cambiarios de las operaciones de la empresa, que incluyen deudas a pagar en dólares. De hecho, todas las compañías exportadoras tienen un colchón de reservas para protegerse de alteraciones bruscas en el mercado de divisas. Pero ante la hecatombe que la JBS promovió en la política brasileña, todos sus movimientos han quedado bajo sospecha.
Con información de EL PAÍS.