El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es una institución creada por Ley 4288/11, conforme al mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, para prevenir prácticas de torturas y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran martirios y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Diana Vargas, comisionada de esta institución, visitó los estudios de La Unión R800 AM para hablar sobre los posibles hechos punibles a los Derechos Humanos ocurridos durante las manifestaciones realizadas entre el viernes y el sábado últimos contra la enmienda que habilite la reelección.
Reconoció que la Policía Nacional tiene facultades para hacer uso de la fuerza en puntuales situaciones, pero esta debe ser desproporcionada y fuera del marco legal. Aseguró que todas las detenciones que realizaron los uniformados en la redada que llevaron a cabo luego de la quema del Congreso fueron absolutamente ilegales, indicando que en ningún momento se comunicó el motivo de los arrestos, existió uso excesivo de la fuerza en todos los casos (disparos de balines de goma a muy corta distancia, puntapiés, culatazos), hechos por los que Vargas manifestó su preocupación por la falta de profesionalidad de los agentes policiales, “ya que le hacen muy mal a nuestra democracia”.
Señaló que uno de los factores que deben ser ineludibles para la profesionalización de los uniformados es que el proceso de ingreso en los colegios de policías sean transparentes, resaltando que los tests psicotécnicos son de los más importantes. Así mismo, la formación y dignificación que reciban dentro de las instituciones.
El extenso legajo o documentación, presentado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura referente a los sucesos ocurridos el fin de semana tras las manifestaciones frente al Congreso Nacional, incluye personas lesionadas sin poder recibir atención médica en las primeras horas, detenidos sin poder comunicarse con sus familiares, torturas y persecución de inocentes, coacción grave, privación ilegítima de libertad y robo de pertenencias y dinero en efectivo.
El dossier ya se encuentra en la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, a la que Vargas pide que actúe con la toda imparcialidad. Además, señaló que, así como la justicia ya abrió imputación a siete personas por los destrozos y saqueos realizados en el Congreso Nacional y la sede de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), pide que se abra una investigación contra los policías que violaron derechos de las personas.