“Hay una oposición de gente que cree tener derecho sobre esas tierras, sin haber dado cumplimiento al estatuto de tener la ocupación justa, como reza la ley”, comentó Cárdenas a la par de señalar que la fracción en litigio abarca 300 hectáreas.
Locales en cambio afirman que hay familias asentadas en el lugar desde hace años, y que serán desalojadas de manera injusta.