Explicó que las operaciones jurídicas son distintas, debido a que, en el caso Gramont Berres, se trató de una persona que falsificó documentos alegando tener garantías del Estado paraguayo, de modo a brindarle fianzas a un préstamo de empresas en particular, por lo que asegura que no puede considerársela como empréstito. “El deudor no era el Estado. Eran las empresas Lapacho y Rosi”, afirmó, agregando que, en el tema de los bonos, sí existe un empréstito directo del Estado y que se siguen “todos los pasos legales”. “No tienen ninguna relación ambos casos”, aseveró.
Añadió que Gramont Berres no contó con Actual Authority, razón por la cual señaló que corte norteamericana rechazó la demanda y falló a favor de Paraguay. En tanto, acotó que los bonos “sí la poseen”.
Moreno no considera que los bonos no cuenten con aval del Congreso Nacional, ya que, según él, es válida la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que autorizó la deuda.