A principios de marzo se realizó un allanamiento en la Gobernación, debido a gastos ejecutados que no contaban con documentos de respaldo. Algunos de estos papeles fueron hallados en el momento, posteriormente otros fueron entregados por la actual administración pero todavía siguen faltando más documentaciones.
Un informe de la Contraloría General de la República dio pie a las investigaciones, dicho organismo señala un perjuicio patrimonial por G. 9.400 millones.