Todos ellos están acusados por la comisión del hecho punible de asociación criminal, en el marco de la investigación por supuesto perjuicio al Estado por unos 195.000 millones de guaraníes, aproximadamente.
Los abogados defensores solicitaron al juez Penal de Garantía Humberto Otazú la suspensión de la audiencia preliminar, alegando sobreposición de audiencias; y juicios orales y públicos.
Según consta en la acusación de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández, Victoria Acuña y Aldo Cantero, los hoy procesados se habrían asociado para crear y poner en funcionamiento una estructura legal (empresas/sociedades) de fachada, para burlar el pago de tributos.
Es decir, las firmas tenían existencia legal y tributaria, pero sin aparente actividad económica o social razonable o real que sustentase las supuestas operaciones de prestación de servicios y enajenación de productos por sumas varias veces millonarias.