En una insólita operación represiva, el Gobierno chino ha acorralado a los abogados de derechos humanos más activos y mejor organizados del país y a otros letrados de perfil menor, a través de detenciones, arrestos domiciliarios o interrogatorios simultáneos en múltiples partes del estado.
En cuestión de días, desde el jueves pasado, las autoridades han detenido, puesto bajo vigilancia domiciliaria, interrogado o “hecho desaparecer” a unas 114 personas, entre abogados, trabajadores de bufetes, familiares de éstos o activistas, según los últimos datos recabados por Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG).