A más de un año de las masivas manifestaciones de estudiantes y dirigentes opositores contra el régimen de Nicolás Maduro, aún hoy siguen saliendo a la luz diferentes prácticas de torturas y abusos por parte de las fuerzas venezolanas.
El informe “Que no quede rastro”, emitido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que los órganos del poder público habrían ocultado evidencias sobre casos de torturas a los detenidos por las protestas.
La brutal represión de la Guardia Nacional Bolivariana dejó un saldo de 854 heridos y lesionados. Esa violación del derecho a la integridad física se repitió en las cárceles donde fueron transferidos los detenidos.
Según consigna El Nacional, el informe elaborado por el CDH-UCAB señala diversas metodologías para ocultar las huellas de las agresiones y así no dejar rastros de las torturas y abusos.
Entre ellas se destacan: la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a órganos y hospitales militares, las presiones a las víctimas, el uso de la defensa pública para evitar denuncias, las omisiones de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura, así como las presiones a médicos.
“En varias oportunidades, al momento de atender casos de personas heridas en manifestaciones, funcionarios de los cuerpos policiales y militares solicitaban a los médicos la entrega de los objetos que constituían evidencia de las lesiones sufridas por las víctimas”, señala el informe.
Además, el estudio revelado por el Centro de Derechos Humanos apuntó que con estas torturas y violaciones se incumplieron las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas.