El miércoles pasado, 19 de octubre, el doctor Aníbal Filártiga, a quien aprecio enormemente, sostuvo que “la situación” (por inseguridad ciudadana) “es crítica y las autoridades deben tomar decisiones para intentar frenar los daños que producen los hechos cometidos por los motochorros. ´Acá hay que prohibir definitivamente a partir de las cinco de la tarde, que haya dos en una moto; no sé qué más necesitan para decidir algo así´, expresó en una conversación con Telefuturo. ´Los heridos que todos los días hay, es cuestión de poner en la balanza. Hay que estar acá para ver cuántas familias angustiadas producen cada tiro de estos badulaques´, enfatizó. La mención de Filártiga fue bien recibida por las autoridades policiales que consideran que dos personas en motocicleta, ya tienen que ser consideradas sospechosas. En las redes sociales también apoyaron la propuesta”.
Aníbal se inspiró seguramente en Mauricio Macri, actual presidente argentino que en 2010, como intendente de Buenos Aires, “envió…a la Legislatura un proyecto de ley que, para evitar robos, prohibirá el ingreso en el microcentro de motos con dos personas a bordo, de lunes a viernes, de 9 a 18”.
Macri, a su vez, copió la iniciativa de otra semejante que se impusieron en Colombia, Guatemala y Honduras.
Ni Filártiga ni Macri cuentan que su propuesta fracasó siempre que fue implementada y que el nuevo intendente de Bogotá, capital de Colombia, Enrique Peñalosa la descartó por inconducente e improcedente ahora, en setiembre de este año.
Y aun cuando Peñalosa no la hubiera descartado, la medida sigue siendo inconducente e improcedente. En realidad, es estúpida (“estupidez. De estúpido y -ez. 1. f. Torpeza notable en comprender las cosas”), porque es un disparate (“disparatado, da. Del part. de disparatar. 2. adj. Contrario a la razón”) pensar que la inseguridad tiene relación con algún medio de transporte.
Es grave que referentes que influyen en la toma de decisiones públicas sobre políticas de seguridad no se informen adecuadamente antes de proponer cosas.
Ya está suficientemente estudiado, y suficientemente probado, que la inseguridad tiene que ver con elementos que no tienen conexión alguna con el tipo de medio de transporte o con el tipo de instrumento usado por quienes la generan, sino por la existencia o no de determinadas condiciones de vigilancia.
Por citar algunos de los casos probados, menciono el de James Q. Wilson y George L. Kelling que teorizaron, en su enunciación originaria de la doctrina ahora conocida como la de “broken windows” (ventanas rotas), que la comisión de hechos punibles es una especie de curso que se inicia con faltas menores y termina con crímenes mayores y que la seguridad se incrementa cuando se ataca el curso en sus fases iniciales.
William Bratton fue el primero que aplicó en zonas urbanas importantes esta teoría durante la administración de Rudolph Giuliani como intendente de Nueva York y aunque se mantiene muy intensa la controversia sobre la doctrina, las estadísticas tienden a confirmar que a mayor ataque sobre las fases iniciales del curso de la delincuencia, mayor descenso de la tasa de criminalidad general: Cunado los arrestos por hechos punibles menores suben un diez por ciento, los robos bajan de un dos y medio a tres por ciento. Y así, aunque casi el noventa por ciento de los inculpados no reciban penas carcelarias, como lo sintetizaron Hope Corman y Naci Mocan.
Bratton y Giuliani tenían, sin embargo, diferentes ideas sobre el otro pilar de la inseguridad, la corrupción en la Policía, extensamente documentada en un informe denominado “Mollen Commission Report”, que recomendaba la creación de un departamento independiente de “Asuntos Internos”, que no estuviera sometido a los intereses corporativos de la Policía.
Bratton fue reemplazado pero Giuliani no logró, a pesar de nuevos informes en el mismo sentido realizados por otra comisión creada por él mismo y aún otras subsiguientes, implementar una adecuada fiscalización institucional de la Policía, que sin embargo se vio cada vez más expuesta por sus escándalos de corrupción.
La doctrina de “broken windows” (ventanas rotas) no es la única, por supuesto, en materia de seguridad, ni la menos controvertida; pero no hay ninguna que sostenga seriemente que las motos son un problema de seguridad y en ninguno de los países atrasados o tarados en los que se ha implementado pudo jamás mostrar ninguna estadística que respalde con cifras semejante proposición.
En realidad, es en países donde los cuerpos policiales son poco menos que organizaciones criminales donde se propone limitar el uso de las motos y justamente para que no se hable de la corrupción o de la ineficiencia policiales.
Por eso es que cuando Filártiga planteó su idea, los referentes policiales citados por el material de Ultima Hora transcripto al principio la apoyaron calurosamente.
La Policía pretende que discutamos sobre la cantidad de gente en las motos en lugar de preguntar por qué un chico asaltado encuentra documentos policiales a sus asaltantes; quiere que olvidemos que sus agentes plantan drogas a la gente para extorsionarla; quiere, en fin, que no se hable de su profundo involucramiento con el narcotráfico y con cuanta mafia asuela a nuestra sociedad. La Policía quiere que hablemos de las motos y no de su podredumbre e inutilidad.
La corrupción policial y la tolerancia con el inicio del curso de la comisión de hechos punibles son algunas de las causas de la inseguridad que sufrimos y no las motos, ni los cuchillos.
Por Enrique Vargas Peña.