El Consejo de Derechos Humanos (CDH) es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, nacido en 2006. Su misión es promover los derechos humanos en el mundo. Para ello, su principal herramienta es el mecanismo de examen periódico universal. Cada uno de los 192 países miembros de la ONU debe recibir a una comisión de expertos para que realice una revisión sobre las condiciones de vida de la población.

En la inauguración de la 33ª Sesión del CDH, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, condenó en duros términos a los gobiernos que obstaculizan esas revisiones, impidiendo que se sepa el verdadero cuadro de situación en sus territorios. “Hay un modelo que está emergiendo y es el rechazo de un número creciente de Estados miembros a dar acceso a los enviados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al país en general o a determinadas regiones”, señaló.

Algunos de los países que están en ese grupo son Turquía, Corea del Norte, Irán, Siria, China y Venezuela. Al Hussein criticó especialmente a este último, que desde hace dos años se niega a darle la visa al representante regional del Alto Comisionado: “Ese rechazo total es especialmente deplorable a la luz de la profunda crisis que atraviesa el país gobernado por Nicolás Maduro“.

Además denunció “la represión de la oposición y de los grupos de la sociedad civil, los arrestos arbitrarios, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, la erosión de la independencia de las instituciones y el Estado de derecho, el dramático declive de los derechos económicos y sociales, con una hambruna cada vez más generalizada y un deteriorado sistema de salud pública”.

Lo paradójico es que Venezuela es uno de los 47 países que actualmente tienen representación en el CDH. De modo que boicotea el funcionamiento de un organismo del que es miembro activo.

Increíblemente, Mariana Oliveros, directora del Despacho de Defensa Pública de Venezuela, presentó el pasado 22 de septiembre ante la CDH los “avances y logros en materia de acceso a la justicia, derecho a la defensa y resguardo de los Derechos Humanos del pueblo venezolano”. La funcionaria chavista se jactó de que entre 2015 y el primer semestre de 2016 su dependencia asumió la representación legal de 22.709 personas sin recursos, acusadas de cometer distintos delitos penales. No aclaró si entre los defendidos se encuentra alguno de los presos políticos que hay en el país.

Un organismo con una composición polémica

La membresía al CDH dura tres años, con la posibilidad de una reelección consecutiva. Las naciones interesadas en participar presentan su candidatura, y para ingresar deben ser votadas por mayoría en la Asamblea General de la ONU. Hay 13 plazas reservadas para África, 13 para Asia y el Pacífico, 8 para América Latina y el Caribe, 7 para Europa occidental y otros, y 6 para Europa oriental.

Teóricamente, no se admite el ingreso de cualquiera que lo solicita, sino que los aspirantes deben mostrar ciertas credenciales de cumplimiento y promoción de los derechos humanos. Esto no es lo que ocurre, y Venezuela no es el único ejemplo. Hay casos tan o más insólitos, como China, Arabia Saudita, Rusia o Cuba, que son miembros a pesar de que sus respectivos gobiernos violan de forma sistemática y documentada derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Las consecuencia de esta brutal contradicción es evidente: en gran parte de sus resoluciones, el CDH no se mueve según criterios objetivos, sino por pura conveniencia política. Esto se vio muy claramente el 19 de septiembre, cuando la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria presentó su último informe.

Tortura, violencia sexual, desapariciones, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y ejecuciones extrajudiciales son sólo algunos de los vejámenes denunciados. Sin embargo, en vez de enviar un mensaje unificado de condena por lo que está ocurriendo, y alguna propuesta para aliviar los sufrimientos de la población, la mayoría de los miembros del CDH prefirió defender a sus aliados y atacar a sus enemigos. Rusia, por ejemplo, desestimó el informe y apoyó al régimen de Bashar Al Assad. Venezuela, por su parte, apoyó “los esfuerzos de Rusia” en territorio sirio y culpó a las potencias extranjeras de todo lo malo que está ocurriendo allí.

Estas actitudes, que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, llevaron a la disolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la precursora del CDH entre 1947 y 2006. Por el momento, los vicios parecen repetirse. Por eso el duro mensaje de Al Hussein debe ser interpretado como un intento de que el nuevo organismo revierta el rumbo y no termine igual que el otro.

Uno de los grandes enemigos del CDH es Israel, que es uno de los pocos países que, junto a Estados Unidos, se opusieron a su conformación. Más allá de las justas críticas que se puedan hacer a su política en Gaza y Cisjordania, el sesgo del CDH en su contra es manifiesto. En los últimos años emitió más resoluciones en su contra que contra todos los demás estados juntos, como si en Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita, Ucrania, Rusia, China y tantos otros países no ocurriera nada.

Así se entiende el lapidario discurso que dio el premier israelí, Benjamin Netanyahu, el pasado jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí dijo que el CDH era “un chiste”, y apuntó: “La ONU, que comenzó como una fuerza moral, se ha convertido en una farsa moral”.

El próximo 28 de octubre la ONU designará a 18 nuevos integrantes, que permanecerán por el período 2016-2018. Entre los candidatos se repiten las inconsistencias del pasado. Hay países con graves denuncias en contra, como Burundi, Uganda y Filipinas. Por supuesto, Venezuela va por la reelección.

Lo que se viene

Este lunes 26 comienza la semana final de la 33ª Sesión del CDH. Primero se hablará sobre un tema en el que, discursivamente, no hay muchas diferencias —salvo entre los países islámicos—: la violencia contra las mujeres. Pero luego seguirán las revisiones de los informes sobre países, las discusiones y las polémicas.

El martes se discutirá la crisis humanitaria que se vive en Burundi. El reporte de los expertos habla de groseras violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno. Torturas y ejecuciones extrajudiciales son algunas de las denuncias más graves.

También se abordará el caso de Ucrania, donde aún persiste la violencia en el este por la resistencia armada de grupos prorrusos al gobierno en Kiev. El presidente Petro Poroshenko denunció en su discurso del miércoles en Nueva York los abusos cometidos por Rusia contra la población civil en la península de Crimea, que fue ocupada militarmente y anexada de hecho por Moscú cuando estalló el conflicto.

Por otro lado, Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusaron al gobierno ucraniano de arrestar ilegalmente a ciudadanos rusos. Esto constituirá otro eje de discusión.

El miércoles se avanzará en las revisiones sobre Camboya, Sudán, República Centroafricana y Somalia. Finalmente, entre el 29 y el 30 tendrán lugar las exposiciones finales, la firma de las resoluciones y las conclusiones.

Hacia adelante, queda el interrogante sobre qué será del CDH. ¿Seguirá siendo esta institución que muchas veces parece estar al servicio de quienes violan los derechos humano? ¿O finalmente empezará a cumplir el rol que se espera de ella? El mensaje de apertura del Alto Comisionado permite tener esperanza. Pero todavía no cambió nada.