Importadores se habían manifestado exigiendo la derogación de un decreto presidencial, que subía el costo de aranceles por vehículo. Los manifestantes aseguraron que miles de personas serán afectadas por el decreto y acusaron que es una “jugada” para que los autos ensamblados en Paraguay tengan ventaja en el mercado.
Frutos desmintió que ellos tengan algo que ver con el decreto promulgado por el Ejecutivo, como lo sostienen representantes del Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU). “No tenemos absolutamente ningún tipo de injerencia en ese tipo de decisiones. El decreto tiene origen en el Ministerio de Hacienda, ellos tendrán los motivos”, aseveró.
En otro punto, el gerente expresó que sería bueno que se muestre una lista de asegurados en el Instituto de Previsión Social (IPS), que trabajen en la venta de vehículos usados, para corroborar que la cifra que expresan los protestantes es real. “Es la institución adecuada (IPS) a la cual consultar si estas playas tienen personal incorporado y asegurado. Cualquier cifra se puede soltar sin tener una base”, apuntó.