El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó su preocupación respecto a la sentencia dictada contra los campesinos y campesinas del caso Curuguaty.

“La condena de 11 campesinos en el caso Curuguaty luego de un juicio que se señala de no haber respetado garantías procesales es muy preocupante. En los últimos cuatro años, varios mecanismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre graves irregularidades en la investigación, incluidas denuncias de violaciones del debido proceso y al derecho a la defensa”, afirmó el funcionario citado por el sitio del Alto Comisionado de la ONU.

El reporte añade que el funcionario se muestra “profundamente preocupado” por la falta de investigación de la muerte de los once campesinos así como las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones de derechos humanos.

“El Alto Comisionado destacó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo una recomendación específica a Paraguay sobre este caso en 2013 pidiendo una investigación inmediata, independiente e imparcial, tomando en cuenta ‘las acusaciones de graves irregularidades en las actuaciones del Ministerio Público, el poder judicial y la las fuerzas de seguridad en relación con la incursión de la policía en Curuguaty, en junio de 2012’, así como los informes de falta de imparcialidad e independencia en las investigaciones de los hechos”, añade el documento.

Recuerda, asimismo, que el Paraguay se ha comprometido en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) a implementar la recomendación de crear una comisión independiente que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el desalojo y que la propia oficina de la ONU se había ofrecido a prestar asistencia técnica para ello. Sin embargo, el Poder Ejecutivo derivó la responsabilidad al Congreso, donde los legisladores oficialistas han manifestado su oposición al cumplimiento de dicho compromiso y han frenado la propuesta.

Ante esta situación insta a las autoridades paraguayas a “tomar medidas urgentes para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y garantizar que investigaciones independientes se lleven a cabo en todas las presuntas violaciones de derechos humanos, de conformidad con las normas y obligaciones internacionales”.

Asimismo, hace un llamado a terminar con la impunidad en el caso del asesinato de Vidal Vega, ocurrido el 1 de diciembre de 2012, quien era un testigo clave en la causa y que se encontraba colaborando con investigaciones alternativas de la matanza. Además, exhorta al Estado a que garantice la protección eficaz de los defensores y defensoras de derechos humanos que están en riesgo a causa de sus actividades.

Por último, el Alto Comisionado destaca “la necesidad urgente que las autoridades avancen en la reforma de la tierra pendiente desde hace mucho tiempo en el país, ya que la propiedad de la tierra sigue siendo uno de los problemas más críticos en Paraguay y una fuente importante de tensiones sociales”. Para graficar la situación se remite al Censo Agropecuario del 2008, que muestra que el 2,5 por ciento de las fincas concentran el 80 por ciento de las tierras.