En cumplimiento de las Leyes N° 5863/24 y N° 7820/24, estos dispositivos buscan fortalecer la supervisión judicial, priorizando la protección de las víctimas y asegurando el respeto de los derechos de los procesados.
Mientras se finalizan los lineamientos necesarios, la Corte solicitó a los magistrados esperar las directrices correspondientes para garantizar una correcta utilización, conforme a lo estipulado en las normativas vigentes.
El proyecto iniciará con un plan piloto en la Circunscripción Judicial de la Capital, con una implementación gradual en otras jurisdicciones, según detalla el comunicado difundido este viernes.