“Es un acuerdo que se hizo en el 2011 en la época de Lugo, donde se reconoce una supuesta indemnización, que fue reclamada posteriormente. Hubo una cuestión de caducidad que termina en un reclamo de 15.000 millones “, declaró Eduardo González – Director Jurídico de la EBY
“En primera instancia se tuvo una sentencia favorable a favor de la identidad y es una gran victoria jurídica de la institución”