El fallo del juez Otazú se basó sobre un análisis exhaustivo de los argumentos presentados tanto por los demandantes como por el propio IPS.
“Observamos que existen ciertas incongruencias. Se había mencionado que era por un período de 5 años y luego de 10. No tenemos claro por qué y para qué se prolonga este tiempo. No hay claridad en el actuar”, dijo el magistrado en charla con La Unión Hace La Fuerza por Unión TV y radio La Unión.
Señaló que, luego de evaluar los fundamentos y los requisitos necesarios para proceder con un amparo constitucional, se tomó la resolución de fallar a favor.
“Lo que el Poder Judicial busca es darle tranquilidad y claridad a los asegurados del IPS, porque es dinero de los asegurados lo que se está manejando. También lo que pedimos es que las autoridades del IPS actúen con mayor prudencia”, aseveró Otazú.
Indicó que, al disponer la suspensión, se deja que la autoridad competente pueda analizar el pliego de bases y condiciones de la licitación, es decir, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).