El Tribunal de Sentencia cerró la media noche del jueves la fase de alegatos y anticipó que antes de dictar una sentencia visitará a la exmandataria en su celda, desde donde siguió el proceso de forma virtual. Las audiencias fueron suspendidas en varias ocasiones debido a problemas de salud de la exmandataria.
Áñez está acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución por la sesión en el Congreso en la que se proclamó presidenta del país violentando procedimientos legales, según la acusación.
“Me parece un abuso de la parte acusadora que me endilga delitos que no he cometido sometiéndome a un proceso injusto”, dijo Áñez el jueves.
No prosperaron los pedidos de la exmandataria para ser procesada en libertad y en un juicio de responsabilidades que debe aprobar la Asamblea Legislativa por dos tercios de los votos -que no tiene el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que lidera Morales-.
Áñez enfrenta otras cuatro acusaciones, entre ellas por la muerte de 20 de seguidores de Morales durante las protestas, pero expertos dicen que hay pocas posibilidades que prosperen ante la falta de votos en el Legislativo. La oposición política se ha negado a apoyar un juicio si no son incluidos Morales y sus excolaboradores, que han quedado al margen de las investigaciones judiciales.
El Ministerio Público y el gobierno acusaron a Áñez de violentar los procedimientos legislativos en una acción planificada que calificaron de golpe de Estado. La defensa arguyó que el vacío de poder generado por la renuncia y posterior huida de Morales y de su vicepresidente habilitaron a Áñez a la sucesión como segunda presidenta del Senado.
“He pedido a la ONU y la Unión Europea, facilitadores del diálogo en la crisis de 2019, que se pronuncien sobre la inexistencia de golpe ni delito en la sucesión constitucional de Áñez. Creo que es su deber moral”, dijo en su cuenta de Twitter el viernes el expresidente Carlos Mesa (2003 – 2005), rival de Morales en los comicios de ese año.
Tras perder un referendo que rechazó su postulación, Morales se candidateó a un cuarto mandato consecutivo, pero las elecciones de 2019 fueron calificadas de fraudulentas por la misión de observación de la OEA, lo que detonó un estallido social que dejó 37 muertos y obligó al político a dimitir y refugiarse en México.
Para los políticos del oficialista MAS, el juicio sentará un “precedente histórico” contra la impunidad, dijo el diputado Juan José Jauregui.
Con información de The Associated Press.