El proyecto modifica la Ley 2.051/03, de Contrataciones Públicas, y exceptúa a toda persona jurídica de presentar declaraciones juradas ante Contraloría, y otros requisitos dentro de esta ley.
La excepción sólo será para personas jurídicas (empresas y Estados) que comercialicen combustibles y biocombustibles a Petropar.
El objetivo del proyecto de ley es facilitar a la empresa estatal la compra de combustibles sin intermediarios, como una manera de abaratar sus precios finales en la provisión al público.
El proyecto de ley también estipula que Petropar deberá transparentar su estructura de costos de las importaciones que realice en el marco de la ley. La estructura de costos deberá ser publicada en su sitio web institucional y remitida el Congreso vía informes.
Algunos senadores expresaron su conformidad con la medida, sin embargo, señalaron que Petropar no cuenta en estos momentos con una infraestructura para el transporte de cargas, entre otros factores que no garantizan una baja inmediata en los precios al público si el proyecto es sancionado.
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