“No es un simple cierre de caminar por la calle, sino obstaculizar y obstruir el tránsito con el ánimo violento de evitar que la gente pase. No estamos hablando del acto de la protesta”, dijo Arrúa en conversación con Buenas Tardes La Unión, recordando que existe la ley del Marchódromo, en la cual “se establecen los requisitos para hacer manifestaciones en la vía pública”.
“Hay mucha gente que no pudo llegar a sus lugares de trabajo. Hubo ambulancias que quedaron varadas en las rutas. (El cierre de rutas) se utiliza como un arma de coacción”, señaló Arrúa.
No obstante, señaló que primero la propuesta será estudiada en comisiones del Senado, para luego ser tratada en la sesión. “Evitar el tráfico con ánimo violento es lo que motivó la presentación de este proyecto”, dijo la legisladora, añadiendo que “hay que entender que lo que se busca proteger es el libre tránsito en la vía pública y evitar que se vuelvan a producir estos casos de aprietes de gente que prácticamente cobra peajes en las rutas”.
El senador colorado Enrique Riera plantea un proyecto de ley por el cual busca elevar las penas por cierres de rutas con castigos de hasta seis años de cárcel. La propuesta sería tratada este mismo jueves.