“Todos los gremios estamos alertas, atentos como para que no vivamos nuevamente situaciones como estas (cierre de rutas). Nos representó pérdidas muy importantes. Nuestros colaboradores quedaron sin insumos como combustibles, asfalto y tuvimos que parar las obras. Lo mismo nosotros tenemos que estar pagando salarios y, por otro lado, se generan problemas contractuales con todos nuestros contratantes porque se atrasan las obras y después no hay forma de reajustar ni en costo ni en plazo. Los proveedores tienen temor de represalias y entonces no envían los insumos, y nosotros nos quedamos sin elementos para trabajar. Entendemos los reclamos, pero también se tienen que respetar el derecho de otros, en este caso, de gente que quiere trasladarse y producir”, expuso Sarubbi en diálogo con Todas Las Voces por La Unión.
Manifestó su apoyo al proyecto de ley del senador colorado Enrique Riera, quien pretende elevar las penas carcelarias hasta seis años por cierres de rutas. “Sería una ley disuasiva. Se va a pensar dos veces para volver a cerrar una ruta con una ley como esta aprobada, así como pasó con la ley contra las invasiones”, dijo Sarubbi.
Espera que el Gobierno establezca canales de conversación con los dirigentes de camioneros para resolver el problema.