Daniel Ortega ha disparado todos sus dardos y espera mantenerse en la Presidencia de Nicaragua tras su regreso al poder desde 2007, algo sin precedentes en la historia de Centroamérica en el siglo XXI.
4,3 millones de nicaragüenses están habilitados para votar en las elecciones del próximo domingo 7 de noviembre, calificadas por Estados Unidos como “una farsa”.
Y es que Ortega busca su quinto mandato, el cuarto consecutivo, con una escasa participación de la oposición y en medio de un ambiente hostil. Una acérrima ola de arrestos contra los precandidatos de mayor peso despejó el camino al gobernante sandinista.
“Otra autocracia que echa raíces en nuestra puerta es lo último que necesitamos en este hemisferio en este momento”, aseguró bajo condición de anonimato un funcionario de Estados Unidos, Gobierno que ha impuesto sanciones económicas y prohibiciones de viaje a varios miembros de la Administración Ortega.
No obstante, el pasado junio, el presidente afirmó que las sanciones no lo disuadirían y justificó que su Gobierno respetaba la ley al arrestar personas que “conspiraban” en su contra.
Pero Ortega ha allanado el camino para mantenerse en el Ejecutivo desde mucho antes. Desde las últimas elecciones en 2016, el líder sandinista, ahora de 75 años, abolió los límites del mandato presidencial, expandió el imperio empresarial de su familia y acumuló presión sobre los medios de comunicación independientes.
Los precandidatos que Ortega sacó del camino para buscar otra reelección
Al menos siete permanecen detenidos y acusados de “traición a la patria”. Entre ellos, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y la aspirante que tenía mayor probabilidad de derrotar al actual mandatario.
También se encuentran privados de su libertad Arturo Cruz, de la opositora alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL) y expulsado de la competencia a tres meses de la cita electoral, Félix Maradiaga, líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Sebastián Chamorro, del CXL, Miguel Mora, del partido Restauración Democrática (PRD), Medardo Mairena, del Movimiento Campesino, que pertenece a la opositora Coalición Nacional y Noel Vidaurre, exviceministro de Economía y precandidato por el CXL.
A quienes no encarceló, Ortega los bloqueó jurídicamente. El pasado 7 de agosto, el Supremo Electoral inhabilitó a la Alianza Ciudadanos por la Libertad y con ello al último candidato con el que la coalición opositora buscaba competir: Óscar Sobalvarro.
La reprimenda no paró ahí y los meses previos a los comicios fueron también escenario de las detenciones contra decenas de periodistas, activistas y otros líderes políticos y empresariales. Otros críticos se han exiliado.
Ortega finalmente se medirá en las urnas contra cinco candidatos, aunque considerados de menor peso que los opositores detenidos.
Se trata del diputado Walter Espinoza, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC); el legislador y reverendo Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN); el abogado Marcelo Montiel, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); Gerson Gutiérrez Gasparín, por el partido Alianza por la República (Apre) y Mauricio Orúe, por el Partido Liberal Independiente (PLI).
Pero decidido a quitar del camino a todo aquel que represente un desafío para sus intenciones reeleccionistas, los ataques del mandatario nicaragüense también se extienden a las comunicaciones virtuales.
Facebook asegura que desmanteló una red de cuentas falsas administrada por el Gobierno
Meta, el nuevo nombre de la empresa propietaria de Facebook, informó el lunes que eliminó 937 cuentas falsas en esa red social destinadas para manipular la opinión pública a favor del Gobierno nicaragüense y en contra de la oposición.
Asimismo, canceló 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram, también de su propiedad.
Los perfiles falsos fueron eliminados en octubre. No obstante, estuvieron activos desde 2018 y eran operados principalmente por personal de Telcor, el organismo de control de telecomunicaciones de Nicaragua, que trabaja desde la sede del servicio postal en la capital, Managua.
La Corte Suprema, que ha sido aliada de Ortega, y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social también administraron grupos más pequeños de cuentas falsas, conocidos como una ‘granja de trolls’, informó el gigante tecnológico con sede en Estados Unidos.
“Esta fue una de las operaciones de trolls más intergubernamentales que hemos interrumpido hasta la fecha, con varias entidades estatales participando en esta actividad a la vez”, aseguraron los investigadores de la empresa en un informe.
La compañía también reportó que la operación tenía una red de blogs, sitios web y activos de redes sociales en TikTok, Twitter, YouTube y Telegram.
Un portavoz de Google Alphabet Inc, propietario de YouTube, indicó que la compañía había cancelado 82 canales de YouTube y tres blogs como parte de su investigación en curso sobre operaciones de influencia vinculadas a Nicaragua.
“Estos canales tenían menos de 1.500 suscriptores en total y principalmente subían contenido fraudulento en español sobre juegos y deportes. Un pequeño subconjunto subió contenido que apoyaba al presidente Ortega y al partido sandinista y criticaba a Estados Unidos. Esta campaña fue consistente con hallazgos similares reportados por Facebook”, subrayaron.
Las otras empresas tecnológicas presuntamente utilizadas por los funcionarios de Ortega aún no se han pronunciado.
Pese a las presiones desde distintos frentes, la represión de Ortega solo se ha intensificado. La CIDH advirtió que el presidente Daniel Ortega ha “instalado un régimen de supresión de todas las libertades” en el que la oposición no tiene cabida.
Entre mayo y septiembre, su índice de desaprobación aumentó del 46% al 69%, según una encuesta de CID Gallup, pero aún no está claro si esta inclinación será suficiente para atajar los planes de Ortega de continuar como el mandatario de la izquierda latinoamericana con mayor tiempo en el cargo.
Con información de Reuters, AFP y EFE.