“Lo primero que hicimos fue la apertura de una auditoría especial para determinar si esas facturas integran la rendición y, si se constata que no la integra, se rechazará. El Ministerio Público ya tomó nota al respecto y ya pidió a la Gobernación un informe”, dijo el abogado Fausto Portillo, defensor de Hugo Javier González, en conversación con Cada Siesta por La Unión, indicando que en estos momentos están trabajando para remitir el documento solicitado, además de que se ha abierto un sumario en la sede gubernativa.
“Urgidos por la necesidad de una rápida acción se visibilizó la posibilidad de ejecutar obras en el Departamento Central, de diferentes envergaduras. Ellos (la fundación) aparentemente tenían la confirmación de que tenían la capacidad de gestión para llevar adelante esas obras. Se encomienda a esta organización sin fines de lucro, la ejecución de estos proyectos. Es una empresa legalmente constituida”, argumentó el abogado, subrayando que la responsabilidad sobre el caso radica en la fundación Centro Integral de Apoyo.
En cuanto a las obras, expuso que el gobernador González “tiene la certeza total de que las obras existen”.
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Antecedente
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Anticorrupción (SENAC) presentaron una denuncia formal este jueves ante el Ministerio Público contra la administración del gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, por inconsistencias en rendición de cuentas por valor cercano a US$ 1 millón, además de presunta frustración a la investigación.
La ONG que supuestamente está implicada en el caso es la Fundación Centro Integral de Apoyo, manejada por un nombre identificado como Tadeo Álvarez, a la que el gobernador González había acusado en su momento de haber presentado los documentos presuntamente irregulares.
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