La investigación indica que el legislador habría hecho figurar a sus caseros -quienes trabajaban en su quinta en Areguá- como funcionarios del Congreso Nacional, a su cargo.
El juez Tadeo Fernández otorgó libertad ambulatoria al diputado, y le impuso una fianza personal de G. 200 millones, prohibición de cambiar de domicilio, salir del país y comparecer una vez al mes ante el Juzgado.
La acusación contra el legislador fue presentada por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, José Dos Santos y Victoria Acuña. Dentro del mismo caso, también está procesada la esposa del diputado, Lorena Plabst de Ibáñez, por la comisión del hecho punible de Estafa, y la Jefa de Gabinete de Ibáñez, María Liz Gutiérrez, por la supuesta Expedición de Certificado sobre Méritos y Servicios de Contenido Falso y Frustración de la Persecución y Ejecución penal. También se acusó y se solicitó juicio oral para los supuestos funcionarios en cuestión, Fabio Hernán Gómez Chamorro, Ever Isaac Falcón Valenzuela y Viviana Patricia Falcón Valenzuela.