El Examen Periódico Universal (EPU) es un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU.
El Examen Periódico Universal es un instrumento de rendición de cuentas del sistema de Naciones Unidas donde cada 4 años se evalúa la situación de los Derechos Humanos de los países miembros.
“Nosotros desde la sociedad civil hemos visto una oportunidad magnífica de posicionar el tema vivienda y hábitat desde el Derecho Humano, especialmente en este contexto de COVID que hoy la vivienda se convierte realmente en salvar vida, si tiene todos los elementos para poder proteger del contagio, un buen baño, una buena cocina, acceso agua” indicó Lechenuk en contacto con La Unión R800 AM.
Lechenuk mencionó que Hábitat para la Humanidad Paraguay (HPH-Py) en conjunto con TECHO Paraguay, Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, por medio del Centro de Investigación Desarrollo e Innovación (CIDi), Fábrica Social elaboraron un informe relacionado al derecho a la vivienda y hábitat remitido al Sistema de Naciones Unidas en Ginebra de cara a la Trigésima Octava Sesión del Examen Periódico Universal (EPU).
La Sociedad Civil planteó varias recomendaciones que contemplan tres enfoques principales: La Política Nacional de Vivienda y Hábitat (PNVH) y la Ley de Fomento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el financiamiento asequible y la alianza público privada y, finalmente, las políticas de mejoramiento integral de viviendas en asentamientos precarios.
“Con la planificación, el acceso a servicios, la participación y considerando las posibilidades y las capacidades de las organizaciones comunitarias, también con esto, nosotros creemos que se puede prevenir los desalojos forzosos, con una buena planificación urbana y fortaleciendo los programas existentes existentes” remarcó.
Señaló que se estima que 38 mil familias, en estado de vulnerabilidad, se concentran en asentamientos urbanos y no se garantizan sus derechos y la posibilidad de acceder a una vivienda digna.