“Esa la denuncia que nos llega por parte de diferentes empleados que, por temor a perder su trabajo, no dan nombres. Las empresas solicitan las suspensiones, el IPS paga esa suspensión y hasta ahí todo bien. Sin embargo, cuando se consigue y se valida todo, el empleador le dice a su empleado que igual vaya a trabajar y que su salario lo pagará el IPS, consistente en el subsidio por pandemia a trabajador de G. 1.096.000. Esto es perverso”, manifestó Pedro Halley, gerente de Prestaciones del IPS, en conversación con La Unión.
Halley estima que aproximadamente 30.000 trabajadores fueron perjudicados con la decisión de estas empresas. En ese sentido, dijo que el monto defraudado por estas empresas en total asciende entre G. 27.000 y G. 30.000 millones desde el inicio de la pandemia.
Anunció que elevarán la extensa lista con “caso por caso” al Ministerio Público.