“En cuanto al tema oxígeno, ya estamos en comunicación permanente con las autoridades del Ministerio de Salud dentro del proceso, orientándoles en cuanto al proceso de exigencia de funcionamiento si no hay respuesta satisfactoria por parte de la empresa proveedora. La orientación abarca tanto a los productores de oxígeno líquido como a los que fueron proveedores de las plantas en los hospitales públicos. Lo que se va a ver son los posibles incumplimientos de contrato y sanciones al proveedor por parte de la Dirección de Contrataciones”, afirmó Pablo Seitz, titular de la DNCP, en conversación con La Unión.
Adelantó que si las empresas responsables del funcionamiento de las plantas de oxígeno no pueden activar, entrará con las atribuciones sancionatorias de la institución a su cargo. “Primero, el Ministerio de Salud debería aplicar multas, rescindir eventualmente el contrato, ejecutar la póliza de seguro y comunicar a la DNCP para aplicar otro castigo que podría ser de hasta 3 años de inhabilitación para contratar con el Estado”, detalló Seitz, añadiendo que activarán todos los mecanismos de castigo si se comprueba que la empresa “Chaco Icsa”, que construyó las plantas de oxígeno, operó de forma irregular. De hecho, anunció que las obras en cuestión, que costaron más de G. 4.000 millones, serán sometidas a peritaje.
Autoridades de centros asistenciales de referencia para la atención a pacientes con coronavirus como el Hospital de Villa Elisa, el de Lambaré, el de Barrio Obrero, el de Itauguá y el INERAM denunciaron en los últimos días faltantes de oxígeno.