“Seguimos esperando una respuesta del pedido de urgimiento que hicimos en su momento. Son dos pedidos de inconstitucionalidad, pero que tendrían que tener el mismo trámite. Las acciones se podrían identificar como, por un lado, en contra del rechazo del incidente de nulidad de actuaciones, que presentamos porque la imputación se compone de 3 o 4 escritos y no de uno solo; y por otro lado, es la acción en contra de la medida que impone medidas cautelares contra Efraín Alegre porque se dictó como si fuese que estas se aplican independientemente a la prisión preventiva”, explicó Duarte Cacavelos en contacto con La Unión.
Criticó el trabajo del Ministerio Público, asegurando que desde el inicio de la imputación y hasta su proceso, que incluyó cambio de fiscales del caso, no corresponde. “Ya que dicen que Efraín era administrador de campaña, la investigación debería centrarse allí. ¿Qué sospechas tienen? No hay eso. No tiene evidencias. Se le imputó por imputar porque el papel aguanta todo”, cuestionó el abogado, en referencia al artículo 268 de la Ley Electoral que estipula ningún candidato (Alegre se postulaba a la presidencia de la República en los comicios de 2018) puede ser administrador de gastos de campaña.
Los urgimientos contra las imputaciones fueron presentados ya hace una semana, por lo que se continúa aguardando la respuesta.
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El caso
Efraín Alegre se halla imputado desde el año pasado por la supuesta producción y utilización de documentos públicos de contenido falso en el marco de la campaña presidencial del año 2018. El fiscal del caso es Eugenio Ocampos. También están investigados los apoderados liberales de Alto Paraná Luis Moris y Pascual Benítez.
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La investigación del Ministerio Público revela que supuestamente se realizó una compra de combustible por G. 98.000.000 en zona de Alto Paraná a nombre del PLRA por parte de esos dos apoderados. Sin embargo, la adquisición real presuntamente solo fue por G. 100.000.
La defensa del presidente liberal argumenta que la prisión de su cliente es ilegal porque Alegre era candidato presidencial en las elecciones pasadas y, como lo establece la ley electoral, al ser postulante no puede ser administrador de gastos de campaña, por lo que no tiene responsabilidad de lo que se le acusa.
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La jueza Cynthia Lovera dictó prisión preventiva contra el presidente del PLRA el pasado jueves 28 de enero por haber violado las medidas alternativas con las que había sido beneficiado. Guarda reclusión en la sede de la Agrupación Especializada por motivos de seguridad, ya que inicialmente iba a ser encerrado en el penal de Tacumbú.
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