Sosa explicó que hay dos situaciones por una parte aquellas personas que presentan documentación falsa, resultados de COVID-19 que no son auténticos, pueden ser sometidas a un proceso penal con una sanción penitenciaria de seis meses a cinco años o multa por uso por el uso de un documento apócrifo.
Por otro lado, están quienes llegaron al país y firmaron una declaración jurada donde se comprometen a presentar los resultados de test en un plazo establecido.
“Aparentemente hay un grupo de 500 personas aproximadamente que no presentaron sus test, entonces de acuerdo al código sanitario esas personas que no cumplen con esa declaración jurada que realizaron, son objeto de un sumario administrativo donde la sanción es hasta 800 jornales mínimos que serían 8 millones de guaraníes” afirmó en contacto con La Unión R800 AM.
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