Los fiscales Cinthia Leiva Cardozo y Marcelo Saldívar Bellasai presentaron imputación contra los supuestos responsables de la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán Torres, de 2 años y 11 meses, quien se había electrocutado en una plaza pública de Ciudad del Este.
Entre los procesados aparecen la directora de la firma Lainuz S.A., Carmen Carolina Fernández de Peralta (43), empresa que realizó los trabajos de remodelación de la plaza donde ocurrió el hecho, y los arquitectos Pedro César Duarte Núñez (53) y Asunción Beatriz Maidana Vega (52), de la Dirección de Área Urbana y de la División de Obras Municipales.
El proceso penal contra los citados es por los supuestos hechos punibles de homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción. Según el acta de imputación, el 3 de enero del presente año, a las 18:00 aproximadamente, la niña Sara Amapola se encontraba jugando en la plaza Agustín Van Aaken y al caminar sobre un cantero que rodea a un árbol sufrió la descarga eléctrica. La pequeña fue socorrida y trasladada al hospital de la Fundación Tesâi, donde estuvo internada por 17 días hasta que finalmente falleció el 20 de enero por “edema cerebral difuso pos electrocución. Quemadura por electrocución”.
En el marco de las diligencias de investigación, una comitiva de la Fiscalía y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se constituyó a la plaza varias semanas después del accidente y constató el grave incumplimiento de las exigencias del cuidado técnico que requieren los sistemas de instalación eléctrica en espacios públicos. El escrito de imputación sostiene que la empresa constructora Lainuz S.A., dirigida por Carolina Fernández, entregó el trabajo de mejoramiento de la plaza a la Municipalidad, el 30 de marzo de 2015, de manera irregular, y los arquitectos Beatriz Maidana y Pedro Duarte recibieron la obra, sosteniendo que fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad.
Sin embargo, un informe técnico de la ANDE sostiene que las instalaciones eléctricas no fueron realizadas conforme a tales especificaciones ni se respetaron las reglas generales de la construcción. Esta situación generaba un peligro constante a las personas que acudían a la plaza de referencia y en un hecho condicionante para que se produjera la descarga eléctrica que sufrió la niña Sara Amapola, que posteriormente le causó la muerte. El Ministerio Público solicitó 6 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, y del mismo modo requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los imputados.