Este monto implica un aumento del 6,9% con respecto al total de recursos asignados en el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2020.
El mismo se encuentra distribuido en un 56,3% para la Administración Central y 43,7% para las Entidades Descentralizadas. Estos se financian en un 32% con recursos provenientes del Tesoro Público (Impuestos y Otros), 19% con Recursos del Crédito Público y 49% con Recursos Institucionales.
El total de Bonos autorizados a emitir para el ejercicio fiscal 2021 asciende a G. 4,2 billones (aproximadamente US$ 600 millones), los cuales tienen como finalidad principal financiar obras de infraestructura y la administración de la deuda pública.
El Presupuesto sancionado tiene una variación de G. 6,5 billones con respecto a lo remitido por el Ejecutivo, que obedece principalmente a la programación de nuevos préstamos para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por G. 4,3 billones y la programación de los saldos de la Ley de Emergencia dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) por G. 1,6 billones.
Esta programación contempla la autorización para ampliar el déficit fiscal del 1,5% hasta un máximo del 4% del PIB, teniendo en cuenta los efectos de la Emergencia Sanitaria y la necesidad de seguir manteniendo una política fiscal activa para sostener el repunte de la economía.
En líneas generales, el PGN aprobado contiene los lineamientos básicos que estaban incluidos en el Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y, en ese sentido, se considera que el mismo será administrable.
No obstante, a través del Decreto Reglamentario, el Plan Financiero y las demás herramientas administrativas se buscará mitigar el impacto que pudieran tener algunos aspectos no prioritarios, que fueron incorporados en el proceso de aprobación en el Congreso, como ser incrementos salariales, contratos y otros gastos corrientes.
Es destacable que el PGN 2021 mantiene las medidas que apuntan a la Racionalización de Gastos Públicos, incluyendo todo lo referente a las limitaciones para el consumo de combustibles, topes para la contratación de seguro médico, servicio de catering, servicios florales, tarjeterías, entre otros, como así también las restricciones para los pagos de gratificaciones y bonificaciones especiales para los funcionarios.
Finalmente, cabe dar énfasis que el PGN aprobado sostiene la visión de continuar la senda de la recuperación económica y, al mismo tiempo, administrar la emergencia sanitaria que continuará afectando, lo que requiere de medidas financieras apropiadas y eficaces para hacer frente a las políticas sanitarias que demandan las circunstancias.
Con información de ip.gov.py.