Villamayor señaló que la propuesta paraguaya era reducir la deuda al 50% con PDVSA y la quita total de intereses, documento que fue firmado por el señor Javier Troconis, nombrado como comisionado del gobierno interino de Juan Guaidó para gestionar la recuperación de activos en el exterior.
“Él dijo ‘aceptamos la propuesta’ y entonces le entregamos un borrador del acuerdo. Ese fue el primer tema, que incluye, entre varios otros aspectos, la participación del abogado Sebastián Vidal (abogado del tío del presidente Mario Abdo Benítez, Carlos Abdo) como propuesta de Venezuela. Lo que falta es el segundo tema, que es tener un mecanismo que conduzca al Tribunal Arbitral de París, para que este diga ‘tiene usted razón. Si usted paga este importe, la deuda reclamada por PDVSA queda cancelada y PETROPAR ya no le deberá un centavo’. Ese es el mecanismo que está faltando”, explicó Villamayor.
Indicó que no es “legitimidad del Gobierno” lo que espera del tribunal, sino “legitimación de estar en el proceso”.
Villamayor ratificó que el acuerdo, negociado en noviembre de 2019, era “tremendamente beneficioso para Paraguay”, ya que implica el ahorro de US$ 160 millones.
Indicó que cuatro meses después, en marzo de 2020, José Ignacio Hernández, exprocurador general de Guaidó, informó que su administración rechazaba el acuerdo porque le parecían excesivos tanto el monto de condonación de deuda como el pago de honorarios al abogado Vidal, consistente en US$ 26 millones.
“Yo no me meto en eso porque ninguno es problema de Paraguay. De hecho, la participación del señor Vidal en el proceso no está aceptada por Paraguay. Todas estas cuestiones son internas venezolanas y que Guaidó debería ver con el señor Troconis, que fue su representante”, aseguró el jefe.
Con relación al caso PETROPAR – Texos Oil, dijo que no maneja datos porque desde la petrolera estatal “nadie nos informó nada”. “Por mandato constitucional, esa institución tiene autonomía y autarquía, por un lado, y por otro, la representación de los intereses económicos del Estado constitucionalmente corresponde a Procuraduría, es decir, no llega a Presidencia”, explicó.