Se calcula que alrededor de 7.000 personas tomaron parte de la protesta, durante la cual se prendió fuego a un autobús frente al Palacio Nacional, según reportes de los medios.
Los manifestantes también demandaron la destitución del ministro de Gobernación debido al uso de la fuerza policial en las pasadas protestas.
Marielos Donis, una estudiante de 18 años que protestaba en la Plaza de la Constitución en el centro histórico de la capital guatemalteca, señaló que “no nos mata el coronavirus, nos mata la corrupción del gobierno” y se dijo harta de los políticos guatemaltecos que “le roban al pueblo”.
Durante varias horas, la protesta del sábado transcurrió pacíficamente, pero al final de la tarde un grupo de personas detuvo un autobús del servicio público y le prendió fuego.
Un cordón policial que resguardaba las instalaciones del Palacio Nacional tuvo que retroceder ante manifestantes que se enfrentaron a ellos.
Varias personas denunciaron que quienes incendiaron el autobús eran infiltrados y culparon a las autoridades.
El sábado pasado el incendio en las instalaciones generó una represión policial que dejó heridos a cerca de 15 civiles, dos de ellos de gravedad, y unos 12 policías.
Las tensiones aún se mantienen entre manifestantes y policía.
La causa principal de la protesta de la semana pasada fue la aprobación del presupuesto de la nación para el 2021 y el legislativo, que entre ambos, recortaron gastos para atención a la salud, educación y derechos humanos, entre otros, según los críticos.
Para bajar un poco la presión social, el Congreso suspendió tras las protestas el trámite del presupuesto que había sido aprobado por 116 de 160 diputados, pero la población sigue exigiendo más y pidiendo la renuncia de los miembros de la Junta Directiva de ese órgano y del ministro de Gobernación, Gendri Reyes.
Al menos dos personas resultaron con heridas en los ojos supuestamente por el impacto de bombas lacrimógenas lanzadas por la policía y más de 35 fueron detenidas.
Otra de las peticiones de los manifestantes es la elección de jueces para cortes, que por ley hace el Congreso. Organizaciones de la sociedad civil señalan que hay intereses políticos encaminados a favorecer la impunidad de los corruptos en la elección.
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El Congreso tiene más de un año de no elegir cortes argumentando que hay otros temas de interés.
Giammattei, que tiene en el cargo 11 meses, pidió la intervención de la OEA al señalar que las protestas eran de grupos minoritarios que intentaban darle un golpe de estado.
La OEA envió una comisión encabezada por el exdiputado argentino Fluvio Pompeo, quien fue descalificado por varias organizaciones argumentando que este había participado supuestamente en un fallido negocio del gobierno argentino y la exadministración de Jimmy Morales.
El vicepresidente Guillermo Castillo, quien pidió a Giammattei que ambos renunciaran por el bien del país, declinó reunirse con Pompeo.
Mientras tanto, Giammattei inauguró un diálogo entre organizaciones para conversar sobre el gasto público, pero el primer día tres organizaciones declinaron participar argumentando que el presidente no tenía intención de resolver los problemas estructurales de país por los cuales se están generando las protestas.
Con información de The Associated Press.