El gobierno español presentó una demanda contra los descendientes del dictador argumentando que el palacio Pazo de Meirás en la región noroeste de Galicia fue adquirido ilegalmente por el exdictador durante la Guerra Civil del país de 1936-1939.
El miércoles, en el primer fallo del caso, la jueza Marta Canales dijo que la herencia no fue cedida a Franco en 1938 como persona física sino en su calidad de jefe de Estado. Un intento posterior en 1941 de legalizar la venta fue “nulo”, dijo la juez.
Luis Felipe Utrera, abogado de los descendientes de Franco, dijo a The Associated Press que la familia apelará el fallo.
El año pasado, el gobierno del presidente Pedro Sánchez ganó otra batalla judicial contra los herederos de Franco que resultó en la exhumación y reubicación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, un grandioso mausoleo a las afueras de Madrid, a una capilla familiar en un pequeño cementerio público.
Como parte de la campaña socialista de Sánchez para abordar el legado del dictador, el año pasado el gobierno demandó a sus descendientes con nuevos documentos que, según dijo, probaban cómo Franco diezmaba a los trabajadores locales para financiar la compra del palacio a un propietario privado.
En su fallo, la jueza escribió que Franco “no pagó nada” por la propiedad y, por tanto, que el dictador “no compró nada”.
“El gobierno se está tomando muy en serio la memoria democrática y la recuperación de todo el patrimonio que le fue robado al pueblo español de manera fraudulenta”, dijo la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Con información de The Associated Press.