Los camioneros se estacionaron en sectores estratégicos de la carretera que une al país de sur a norte y redujeron las pistas de circulación, lo que ocasionó gigantescas aglomeraciones, aunque dejaron pasar vehículos particulares y camiones con productos de primera necesidad. Pese a que el paro es ilegal, la policía se limitó a encauzar el tránsito.
Chile es un país muy estrecho y con más de 5.000 kilómetros de largo, por lo que la llamada Ruta 5 es vital para la conectividad y transporte de todo tipo de productos, especialmente de víveres.
La violencia en la región de La Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago, se arrastra por décadas y se traduce especialmente en atentados incendiarios a camiones y maquinarias forestales que, en ocasiones, son reivindicados por grupos de indígenas mapuches que exigen la devolución de las tierras de la zona que fueron de sus antepasados y que ahora están en manos de grandes productores forestales y agricultores.
El último fin de semana encapuchados dispararon contra un camión e hirieron a una menor de 9 años cuyo padre conducía el transporte y en las últimas jornadas fueron quemadas maquinarias, lo que derivó en la convocatoria al paro de la Confederación Nacional de Transporte.
Al convocar a la huelga Sergio Pérez, líder de los transportistas de carga, advirtió que “no vamos a trasladar productos hasta que los señores del gobierno, los parlamentarios y jueces nos den lo que pedimos: el Estado de derecho. En el sur no existe Estado de derecho, sólo hay impunidad”.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo el jueves que “compartimos la preocupación por la seguridad” en La Araucanía y sus alrededores, aunque la paralización no aporta a la solución de los problemas, que debe buscarse con “diálogo, sin amenazas, sin extorsiones y sin ultimátum”.
El paro es rechazado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, cuyo dirigente Juan Araya declaró que “no se puede parar al país con lo poco que está trabajando la gente”.
El ministro del Interior, Víctor Pérez, calificó el paro como “pacífico” y aseguró que el 90% de los camioneros no interrumpió el abastecimiento de alimentos, Agregó que el gobierno está negociando con los líderes gremiales, mientras parlamentarios opositores demandaron la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que sanciona paros o huelgas que afecten la producción o el transporte, entre otros delitos.
Las prolongadas cuarentenas para frenar la expansión del nuevo coronavirus, que en Chile ha dejado más de 402.000 contagiados y 11.000 fallecidos, detonaron una crisis social y económica que mantiene a tres millones de personas sin trabajo.
La movilización se desarrolla mientras en Chile rige un estado de catástrofe declarado en marzo tras la llegada de la pandemia, que restringe las libertades de movimiento y reunión y obliga a las autoridades a asegurar que los bienes esenciales lleguen a los ciudadanos.
Con información de The Associated Press.