Casati dijo que estas empresas, propiedad del clan Ferreira, quedaron con un “clavo” de US$ 11 millones, ya que los insumos inservibles que habían traído ya no fueron devueltos al fabricante en China.
“Se hizo lo imposible por conseguir los insumos, los vuelos, le suspenden contratos y licitaciones, los pagos pendientes y hoy mi cliente no puede ni contratar ni cobrar”, manifestó el abogado en charla con La Unión.
En ese sentido, ratificó que no corresponde la figura del “incumplimiento de contrato” que estableció el Ministerio de Salud para rescindir el contrato ya que no hubo daño patrimonial, tal como lo explicó la Comisión de Compras COVID-19 ayer en conferencia de prensa. Sobre el punto refirió que solicitaron una reconsideración para efectuar la nulidad de esa decisión.
La petición incluyó la apertura de una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para devolver en ella el anticipo de US$ 3 millones, equivalente a G. 17.000 millones, que le había sido entregado a IMEDIC y Eurotec. De hecho, aseveró ese dinero será devuelto si Salud acepta la reconsideración de nulidad del proceso.
Consultado sobre dónde se halla su clienta, Patricia Ferreira, Casati aseguró desconocerlo.