“Hoy nos presentamos y vamos a pedir la extinción de toda medida cautelar”, anunció Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de Alegre, en diálogo con La Unión.
El abogado sostuvo que no existe sospecha ni mínimo indicio de que el hecho punible haya sido cometido por el titular del PLRA, en aquel momento candidato a presidente de la República, de haber planeado la adulteración de facturas por valor de G. 3.000.000.000 en concepto de combustibles.
En ese sentido, ratificó que a los apoderados del Partido Liberal de Ciudad del Este, donde se habrían fraguado las facturas, son los únicos que deben ser investigados, en referencia a Pascual Benítez Barrientos y Luis Muñoz.
La imputación inicialmente había sido presentada ante la magistrada por el fiscal Édgar Sánchez, la cual fue rechazada. Sin embargo, luego el agente Eugenio Ocampos intentó la solicitud, que finalmente fue admitida por la jueza Lovera.