“Hicimos un análisis más detallado de los informes que en en su momento presentó Arnaldo Giuzzio (titular de la CESC). Se debe ratificar si es que realmente se tuvo algún sobreprecio”, expuso González en diálogo con La Unión.
Afirmó que junto con un grupo de diputados, entre los que se incluyen Carlos Rejala, Rocío Vallejo, Sebastián García, Juan Sebastián Villarejo y otros; analizaron el informe presentado por la comisión de control de gastos COVID-19, encontrando datos que pueden tener relevancia penal.
La parlamentaria del Partido Encuentro Nacional (PEN) ratificó que las licitaciones amañadas ya no son hechos aislados, sino que funcionaban como un esquema ya instalado en la cartera sanitaria.
“Ponemos a consideración del Ministerio Público todos estos informes bien detallados”, señaló González.