La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, dijo que “es alta la posibilidad de implicancia de funcionarios corruptos de la penitenciaría” en la fuga de los 75 integrantes del Primer Comando Capital (PCC).
“Es imposible que no hayan visto la cantidad de arena en una de las celdas. El túnel se cavó desde una celda y sale al costado de la cárcel. No es posible que los funcionarios no hayan podido ver una salida en el perímetro de la penitenciaría. Hay una evidente connivencia brutal”, declaró la ministra Pérez a los medios.
Por ese motivo, la titular de Justicia confirmó que el jefe de Seguridad, Matías Vargas, y el director de la cárcel, Cristian González, ya fueron destituidos. “Nosotros hicimos la advertencia al presidente (Mario Abdo) de que el sistema penitenciario está pervertido”, dijo. Así también, se encuentran detenidos 5 guardias penitenciarios.
La ministra explicó que su cargo se encuentra a disposición. Sin embargo, indicó que hasta ahora el presidente de la República no le solicitó su renuncia. “Lo que sí vamos a hacer es destituir a los que se tenga que destituir y la fiscalía decidirá si los imputa”, expresó.
En tanto que el ministro del interior, Euclides Acevedo, declaró que esto fue una liberación de presos, no una fuga. “Ya en los días anteriores, varios de los fugados habrían abandonado el penal por la puerta principal. Ello implica que, en efecto, toda la penitenciaría está implicada”, manifestó.
Declaró que la mayoría de los presos fugados pertenecen al grupo criminal brasileño Primer Comando da Capital (PCC) y que varios de ellos “no salieron por el túnel”. Los demás, según el ministro, “salieron por la puerta principal”.
Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y el viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, informaron sobre el descubrimiento de un plan de fuga de un supuesto integrante del Primer Comando Capital (PCC) también de la cárcel de Pedro Juan Caballero.
Según los datos proveídos por las autoridades, se llegó a ofrecer la suma de hasta US$ 80.000 a agentes penitenciarios o miembros de las fuerzas públicas para lograr su objetivo.
Con información de ip.gov.py.