Fuertemente custodiado, John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, abandonó en horas de la noche el penal de alta seguridad del municipio de Cómbita, en el departamento de Boyacá, unos 150 kilómetros al noreste de Bogotá, informó la oficina de prensa del instituto carcelario del país.
Un juez de la capital boyacense había ordenado el viernes pasado la liberación del que fue uno de los principales colaboradores de Escobar, antes de cumplir los 26 años que se le impusieron luego de confesar, entre otros crímenes, su participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien murió baleado el 18 de agosto de 1989 mientras asistía a un acto de campaña en Soacha, una localidad aledaña a Bogotá.
Tras 25 años, las autoridades colombianas intentan esclarecer los detalles de este magnicidio, que se le atribuye a una asociación delictiva entre los líderes narcotraficantes del ya desaparecido Cartel de Medellín, grupos paramilitares, mafias políticas y miembros corruptos de la fuerza pública.
Velásquez, recluido por segunda vez desde el 8 de octubre de 1992, completó una buena parte de su condena y tuvo buen comportamiento, lo que según las leyes colombianas le permite beneficiarse de la libertad condicional, atada al pago de una fianza de 9 millones de pesos (o 4.657 dólares) y a un período de prueba de excelente conducta.
Popeye tendrá que reportarse constantemente a las autoridades y no podrá salir del país antes de cumplir la totalidad de la pena.
“En Colombia no hay penas irredimibles ni hay castigos como la cadena perpetua… Si esa fue la pena que le impusieron (a Popeye), la cumplió físicamente en gran parte y redimió pena por trabajo y estudio, no se puede hacer nada diferente a otorgarle la libertad”, observó por teléfono a The Associated Press Guillermo Mendoza Diago, ex fiscal general de Colombia.
Paradójicamente, Velásquez, de 52 años, no sabe si celebrar o temer su liberación. A lo largo del tiempo, y luego de varias confesiones ante la justicia, ha sumado varios enemigos que podrían querer cobrarle el hecho de haberles dejado en evidencia ante la justicia y la opinión pública.
En una entrevista con la revista mexicana Proceso en febrero de 2013 Popeye calculó tener un 80% de posibilidades de que lo mataran apenas saliera de la cárcel.
Pero en opinión de Mendoza Diago, las autoridades tienen que responder por la seguridad del temido sicario porque, según las leyes, “el Estado tiene que responder por la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos… Eso no tiene punto medio: hay que garantizarle (a Popeye) su seguridad”.