Todos los documentos sobre la cuestionada licitación y de otras anteriores vinculadas al servicio de seguridad fueron derivada al Ministerio Público. La causa está a cargo de las fiscales Josefina Aghemo y Sussy Riquelme. “Tenemos la instrucción precisa de trabajar en este caso específico del IPS”, aseveró Arregui en contacto con La Unión, en referencia a que el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, respalda la investigación.
Los trabajos fueron solicitados en conjunto con la ministra de la Secretaría Anticorrupción, Teresa Rojas.
Por otro lado, dijo que también se han solicitado informes de auditoría en diferentes ministerios, como por ejemplo el del Trabajo, y sus instituciones estatales dependientes como el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL).