Entre varias irregularidades, el legislador del PLRA señaló que, con las modificaciones realizadas al proyecto desde su inicio, se produjo un sobrecosto del 33% por trabajos que la empresa portuguesa Mota Engil, adjudicada con el proyecto, nunca concluyó y, además, cobró US$ 23 millones antes de irse de nuestro país y ahora reclama otros US$ 18 millones.
“Jiménez Gaona tiene que poner la cara”, expresó en comunicación con La Unión, recordando a la misma vez que, como ministro de Obras, “él y su familia se adjudicaron las rutas 2 y 7, los peajes, Tape Porã”.
Criticó que el Ministerio Público, ante los datos del proyecto y las obras inconclusas, no haya actuado de oficio.