Samudio explicó que la constructora no siguió las bases y condiciones para la construcción, citando como ejemplo que no se utilizó el hormigón requerido y que no se compactó la tierra para cimentar sobre ella los tanques del surtidor, que posteriormente fue habilitada.
“Detectamos agua en el combustible que se expedía (…) La situación fue grave y se tornó aún más grave cuando realizamos estudios de suelo y comenzó a brotar combustible”, lamentó en comunicación con La Unión, ante lo cual inmediatamente dispuso la clausura de la estación de servicios en cuestión.
Por todo lo expuesto, aseveró que la asesoría jurídica de PETROPAR presenta hoy una denuncia penal ante el Ministerio Público contra personas innominadas, la cual estará acompañada de un dictamen del Ministerio del Ambiente (MADES), el cual confirma daño ambiental en el área.
“Vamos a buscar a los responsables, hacerles responder y que subsanen ese daño”, expresó Samudio. La empresa constructora es Z & zarza Construcciones S.R.L.
Por otro lado, aseveró que la deuda con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) es de solo US$ 280 millones, a diferencia de lo reclamado por la estatal caribeña, que es de US$ 320 millones.