Piñánez citó como antecedente para la imputación la denuncia realizada a mediados de este año por dueños de la empresa Cal Agro S.A., quienes aseguraron que Bajac, entonces ministro de la Corte, les garantizaba que les solucionaría un litigio judicial con la Industria Nacional del Cemento (INC) a cambio de una suma de dinero consistente en US$ 50.000.
En la carpeta investigativa también se incluyó en la imputación a Juan Carlos Ávila y Carlos Miguel Lesme, exfuncionarios de la Corte, por el mismo hecho punible, quienes supuestamente también participaron en la “operación”.
“Cruce de llamadas, testimonios e informes estamos recabando, a parte tenemos otra víctima que confirma el testimonio del denunciante”, afirmó el agente en comunicación con La Unión.
Piñánez aclaró que no solicitan medidas alternativas a la prisión, sino la comparecencia mensual de los imputados ante un juzgado, la prohibición de salida del país y una caución real de G. 500 millones.