Como estaba previsto, el Senado de Brasil ha aprobado el inicio del juicio político a la presidenta del país, Dilma Rousseff. De este modo, la mandataria ha sido suspendida por 180 días, durante los que se llevará a cabo el proceso que definirá si se la destituye del cargo de manera definitiva.
Esta historia comenzó cuando Rousseff triunfó en las elecciones presidenciales de 2014.
1. La derecha que no pensaba perder
Cuando ese año el Partido de los Trabajadores (PT) ganó en la segunda vuelta electoral, la derecha latinoamericana sufrió una decepción porque su candidato, Aécio Neves, quedó a las puertas de presidir el país más importante de Sudamérica. En ese momento se comenzó a planificar el golpe de Estado.
Con el inicio de 2015 los grandes grupos empresariales —con el apoyo de muchos medios de comunicación— empezaron a presionar al Gobierno para que realizara ajustes. Estos cambios se produjeron a mediados de año, cuando el Ejecutivo realizó fuertes recortes en planes sociales.
Esa situación dañó gravemente la reputación de la presidenta, cuya valoración descendió hasta el 8 %. A partir de entonces cobró fuerza la idea del juicio político para que lograran, mediante maniobras en diferentes ámbitos, lo que las urnas les habían negado: llegar al poder.
2. El ‘impeachment’: un proceso legal, pero ilegítimo
Durante el año pasado el escándalo conocido como Lava Jato, que incluyó crímenes de corrupción y lavado de dinero en relación con el cobro de sobornos a contratistas de la firma estatal Petrobras, ocupó las tapas de los diarios brasileños. Mientras que muchos políticos de todos los partidos estuvieron implicados en la causa, Rousseff quedó al margen.
Los grupos opositores tuvieron que buscar otro argumento para tratar de destituirla, así que decidieron acusarla de una presunta manipulación del déficit fiscal de 2014. El caso se fundamenta en una resolución del Tribunal de Cuentas brasileño, que no aprobó el presupuesto que el Ejecutivo presentó para ese ejercicio.
El economista Pablo Wahren explica que “el Estado brasileño gastó más de lo que tenía presupuestado” y decidió emplear “un mecanismo conocido como ‘pedalada fiscal’, que implica endeudarse con bancos para financiar” ese dispendio adicional.
A lo largo de los años, varios gobernadores de todos los partidos políticos han utilizado este recurso; sin embargo, solo se intenta destituir por ello a la presidenta Rousseff, como explica en un video el Colectivo Audiovisual por la Democracia de Sao Paulo. Para lograrlo, han recurrido a una herramienta (el ‘impeachment’) que es legal pero, en este caso, no resulta legítima.
3. Los políticos detrás del golpe
El proceso comenzó de manera formal en octubre de 2015. En diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Eduardo Cunha, autorizó la solicitud, aunque poco después el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló temporalmente el procedimiento. Este marzo, ha recobrado fuerza tras la detención del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, hasta que el 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó el inicio del juicio político, que este miércoles ha terminado de concretar el Senado.
Detrás de la figura de Cunha, que emergió como uno de los políticos más comprometidos con la destitución de Rousseff, se encuentran unos diputados que representan a distintos sectores de la derecha brasileña: la bancada Buey, Biblia y Bala (BBB), integrada por el Frente Parlamentario Agropecuario (Buey), el Frente Parlamentario Evangélico (Biblia) y el Frente Parlamentario de Seguridad Pública (Bala).
Estos bloques tuvieron un rol central en la votación de la Cámara Baja. Según el portal Brasil de Fato, “entre los religiosos, la votación fue 163 a 24 (una proporción de 6,7 a 1) a favor del ‘impeachment’, mientras que entre los defensores de las balas fue de 245 a 47 (5,2 a 1). La media general de los sufragios fue de 2,6 votos a favor del ‘sí’, por uno en contra”.
4. Los medios detrás del golpe
Además de los partidos políticos, que son la cara visible del golpe, también operan a favor de la destitución distintos actores de la sociedad civil. En este sentido, los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental.
Reporteros sin Fronteras indica que el 90 % de los medios de comunicación de Brasil están en manos de siete familias. Tanto en el espectro audiovisual como en los medios gráficos el grupo Globo se coloca en primer lugar, ya que copa alrededor de un 40 % del mercado.
Por su parte, el portal Manchetômetro ha analizado cómo han valorado a cada partido los principales periódicos del país en las últimas 12 semanas. Allí, se pueden observar la cantidad de titulares negativos que han publicado sobre el PT y el Gobierno de Dilma Rousseff.
5. Cómo sigue el proceso
Tras la votación del Senado, asumirá la presidencia del país Michel Temer, el vicepresidente, quien también apoyó el golpe. Por su parte, Dilma Rousseff deberá presentar su defensa ante el Senado que, tras recoger las pruebas que presenten todas las partes, resolverá si destituye definitivamente a la mandataria en una sesión especial presidida por la máxima figura del STF.
Para tomar esta medida deberá contar con el respaldo de dos terceras partes (54 votos) de los 81 senadores. En ese caso, Temer deberá finalizar el mandato —que termina en 2018—, aunque su tarea no será sencilla por la enorme resistencia popular que se ha manifestado contra este golpe de Estado y en defensa de la democracia.
RT en Español – Santiago Mayor