La abogada Sara Rádice, defensora de Mariza Irigoyen, afirmó que su cliente varias veces ya había presentado denuncias ante sus superiores, pero nunca prosperaron. “Como ella tenía conocimiento de que todas las denuncias de acoso contra la entidad terminan en el famoso opareí, así como tenemos un Ministerio Público complaciente, que no realiza su trabajo, por estar desalentada por todas estas situaciones presentó sus denuncias a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”, explicó en comunicación con La Unión R800 AM, añadiendo que además se había realizado una denuncia policial, la cual también quedó en la nada.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados es Olga Ferreira de López.
Con lo expuesto, manifestó: “¿Qué persona puede confiar en la Fiscalía o en la Justicia? Ella está desprotegida”. A esto, citó que Irigoyen “encima de todo está luchando contra un poder económico brutal. Tenemos un superintendente que gana G. 80 millones, mientras que ella es una empleada que gana un poquito más que el sueldo mínimo, apenas superando los G. 2 millones. No es fácil iniciar un proceso penal en esas condiciones”. “Todo lo que ocurre tiene en contra”, repudió la abogada.
Rádice afirmó que el sumario abierto por parte de la Binacional contra Giménez se debió a la presión de la prensa. “No fue de motu proprio que ellos actuaron ante estos gravísimos hechos, fue a instancia de todas las denuncias periodísticas, es ahí que reaccionaron y se dan cuenta que tienen que instruir un sumario”, indicó, criticando que, pese a la medida ya determinada por la Itaipú, el sumariado “siga tan campante en su cargo”.
El pasado viernes, Irigoyen fue querellada por su supuesto victimario, el superintendente de la entidad, Arturo Giménez, lo cual, según Rádice, solo constituye un amedrentamiento contra su cliente y todas las demás mujeres que han denunciado acoso en la Itaipú pero no lo han hecho público.