La Unión

¿Quién paga los amortiguadores?

Por Enrique Vargas Peña

Por Enrique Vargas Peña

¿Quién paga los amortiguadores?
26 de noviembre de 2016 - 10:20

El pasado 21 de noviembre, lunes, al salir de radio La Unión, tratando de llegar al cruce de la avenida Choferes del Chaco sobre la calle Las Perlas, tras adelantar a un pequeño camión repartidor, estrellé mi auto contra una lomada, o lomo de burro, o reductor de velocidad, rompiendo varios bujes y los dos amortiguadores delanteros.

La lomada, o lomo de burro, o reductor de velocidad, que es el segundo contando desde la intersección de la calle Saraví yendo hacia Choferes, no está adecuadamente señalizado pues si hay algún cartel indicador carece de la visibilidad requerida y tampoco está pintado como para que los conductores puedan advertirlo con el debido tiempo.

Al volver a la radio para nuestro programa “Como pasó” de esa tarde llamamos al director de Tránsito de la municipalidad de Asunción, ingeniero Luis Pereira, para preguntarle si existe o no algún estándar técnico reglamentario que regule la construcción de estas lomadas, o lomos de burro, o reductores de velocidad, contó al aire que sí: Estos dispositivos deben tener tres metros de desarrollo (desde que empiezan a elevarse hasta que terminan de volver al nivel de la calzada) y treinta centímetros de altura. También dijo que deben estar rodeados de una señalética elocuente, evidente.

Le dije a Luis que no conozco ni una sola lomada, o lomo de burro, o reductor de velocidad de Asunción que cumpla esos requisitos, ni uno, a raíz de lo cual relató que, efectivamente, la construcción de estos dispositivos “demuestra la completa ignorancia que sobre el sistema de tránsito tienen los que los impulsan” y que lamentablemente “hay cientos de pedidos de las comisiones vecinales para construirlos” sin criterio alguno.

Le pregunté a Luis quién, a su juicio, debía hacerse cargo de los gastos ocasionados a mi auto por la lomada, o lomo de burro, o reductor de velocidad, a lo que me respondió vacilante pero claramente: “y…la municipalidad”. Aunque ya no entró en los detalles de cómo podría yo obrar el milagro de que la municipalidad me reponga el dinero.

Durante la entrevista y después recibí algunos mensajes sobre la velocidad que yo habría dado a mi auto para que la estrellada produjera los daños que causó y yo admito totalmente la velocidad, pero no sabía que el Estado estaba autorizado a castigar sin juicio el eventual exceso de velocidad con la destrucción del patrimonio del temerario.

Si me muestran qué disposición, ordenanza, reglamento o ley autoriza a los municipios a castigar el eventual exceso de velocidad con la destrucción del patrimonio les quedaré muy agradecido, pero mientras tanto seguiré pensando que el Estado, en este caso representado por el municipio de Asunción, no tiene derecho a construir dispositivos destinados a destruir automóviles que excedan los límites de velocidad.

De modo que estuve indagando en Wikipedia cuáles son las normas internacionales para las lomadas, lomos de burro o reductores de velocidad y encontré, como no podía ser de otra manera, que, efectivamente, no pueden construirse para destruir los vehículos, sino solamente para hacerles bajar la velocidad.

Según ese material, las normas anglosajonas disponen que “generalmente, los reductores de velocidad tienen un desarrollo de 3.7 a 4.25 metros y una altuna de 7.5 a 10 centímetros…Señales de advertencia deben ser usadas para notificar a los automovilistas del obstáculo venidero…Los reductores se usan en localizaciones en las que se desea menor velocidad debido a las características de la zona y se colocan típicamente en calles residenciales pero no en las calles mayores, ni en las rutas de buses, ni en las de emergencia (…) La crítica a los reductores de velocidad se centra en que afectan la capacidad de ambulancias y bomberos…aumentan la polución sonora del tráfico por frenadas y aceleraciones, especialmente en buses y camiones…incrementan el consumo de combustible, sus emisiones contaminantes y desgastan frenos y sistemas de suspensión”.

El material agrega que están especialmente expuestos las motos y los vehículos pequeños, por lo que las normas europeas imponen reductores todavía más pequeños que los anglosajones.

Por supuesto, nada de eso interesa a las comisiones vecinales que construyen en Asunción estos dispositivos. La municipalidad tampoco se interesa que se construyan de acuerdo a las reglas y, mucho menos, se interesa en pagar a quienes la indolencia, la negligencia y la ignorancia del Estado destruye su propiedad.

 

 

Por Enrique Vargas Peña.

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